Una iniciativa presentada recientemente en la Cámara de Diputados busca cambiar la forma en que los niños y adolescentes acceden a las redes sociales en México. El legislador Ernesto Sánchez, de la bancada del Partido Acción Nacional, propone establecer una barrera legal que impida el ingreso sin control parental. La medida busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger el desarrollo psicosocial de la infancia, según reportó Xataka.
La propuesta modificaría los artículos 101 Bis y 103 de la ley general para obligar a padres o tutores a autorizar las cuentas digitales. Según explicó Sánchez, cualquier persona que ejerza patria potestad deberá verificar y supervisar el uso de aplicaciones por parte de los menores. Esta obligación se extendería a la creación, verificación y cancelación de perfiles en plataformas de contenido digital.
El legislador comparó la regulación de redes sociales con la restricción de venta de alcohol a menores de edad en el país. Sánchez afirmó que es necesario evitar que los niños puedan adquirir acceso a interfaces diseñadas para retener la atención indefinidamente. La iniciativa advierte que la adicción a las plataformas representa un riesgo comparable al consumo de sustancias controladas.
Además de la ley de derechos, la iniciativa reformaría la Ley Federal de Protección al Consumidor para incluir a proveedores de servicios digitales. Las empresas tendrían la responsabilidad de asegurar que el usuario cuenta con el consentimiento paterno antes de abrir una cuenta. Con esto, las plataformas deberán implementar sistemas de verificación y autentificación de identidad más robustos.
Sánchez mencionó el caso de países como Francia y Australia, donde ya se ha legislado para regular el acceso de los jóvenes a las redes. Estas experiencias internacionales sirven de precedente para la propuesta mexicana según el legislador del PAN. La comparación busca demostrar que la regulación es viable en otros contextos legislativos similares.
La iniciativa busca proteger a las infancias de México y permite a las personas responsables de las mismas involucrarse más con lo que consumen. Sánchez explicó que la medida no es un ataque a la libertad de expresión sino una protección necesaria. El objetivo es que los padres estén realmente conscientes del problema que hoy existe en nuestro país.
Esta propuesta llega en un momento donde el uso de tecnología entre jóvenes ha aumentado significativamente en la región. El aumento del uso de dispositivos móviles entre adolescentes ha impulsado la demanda de regulaciones más estrictas. Organizaciones civiles han solicitado medidas similares para combatir la adicción digital y la exposición a contenido inapropiado.
Si la ley se aprueba, las empresas tecnológicas deberán adaptar sus sistemas de registro en México para cumplir con la normativa. Los costos de implementación para verificar identidades podrían impactar la operación de las plataformas locales y globales. La implementación de estos sistemas requerirá cooperación entre el sector privado y las autoridades competentes.
El debate legislativo podría extenderse durante varios meses antes de llegar a una votación final en la Cámara de Diputados. Los partidos opositores podrían cuestionar la viabilidad técnica de la verificación de identidad masiva requerida. La aprobación dependerá del consenso político en torno a la protección de datos de menores en línea.
La iniciativa marca un cambio significativo en la regulación tecnológica de México si se concreta en ley definitiva. Los legisladores deberán equilibrar la seguridad digital con la privacidad de los usuarios y la innovación empresarial. El seguimiento de este proceso será clave para entender el futuro de la protección infantil en el país.
