El gobierno solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco. La medida se oficializó mientras la funcionaria se encuentra en tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo. La decisión generó rechazo inmediato en sectores de la oposición política nacional.
Antonia Orellana, exministra de la Mujer y Equidad de Género, criticó firmemente la decisión en sus redes sociales. Orellana indicó que el Ejecutivo mostró una contradicción evidente al priorizar la violencia de género sin dirección titular. Señaló que el Servicio Nacional de la Mujer encabezó la mayor expansión de atención desde que existe el programa.
Impacto en la gestión pública
La exsecretaria de Estado advirtió que entre la toma de razón y los plazos de Alta Dirección Pública pasarán meses sin directora titular. La evidencia muestra cómo esto impacta la gestión institucional en un periodo crítico de implementación de políticas. Orellana calificó la decisión como inconsistente con las prioridades declaradas del Gobierno.
"Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral", dijo Orellana.
Otras figuras políticas se sumaron a las críticas contra la administración actual. La excandidata presidencial Jeannette Jara cuestionó la medida con un mensaje dirigido al presidente José Antonio Kast. Jara argumentó que cuando la ideología supera todos los límites, no respeta los derechos de las personas.
Rechazo parlamentario
El senador Iván Flores también se pronunció a través de su cuenta en la plataforma X. El parlamentario cuestionó el proceder del gobierno al despedir a una directiva elegida por Alta Dirección Pública. Flores escribió que en este gobierno no solo se improvisa, sino que la indolencia se hace notar.
"¿Cómo es posible despedir a una directiva elegida por ADP que enfrenta un difícil tratamiento contra un agresivo cáncer de mama? El colmo; inhumano", escribió el senador.
La situación pone en riesgo la continuidad de los programas sociales bajo la Ley Integral de Violencia. La falta de liderazgo en el organismo podría retrasar los procesos de atención a víctimas. El sector público espera una explicación oficial sobre los criterios de decisión.
Las críticas coinciden con un periodo de alta sensibilidad política en la gestión pública chilena. La administración debe responder a las demandas de transparencia en los nombramientos de alta dirección. El futuro del SernamEG permanece incierto hasta que se resuelva la vacante.
Se espera que la oposición mantenga la presión sobre el Ejecutivo en las próximas semanas. Los observadores evalúan si esta medida afecta la estabilidad institucional del organismo. La situación servirá como precedente para futuros casos de alta dirección pública en Chile.
