El Gobierno de José Antonio Kast ingresará esta semana al Congreso el proyecto de "Reconstrucción Nacional", un paquete de 45 medidas económicas diseñado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La iniciativa, que abarca desde la reconstrucción tras los recientes incendios hasta ajustes fiscales y rebajas tributarias, se perfila como la primera gran confrontación legislativa del nuevo mandato.
Este desafío parlamentario llega en un momento de alta vulnerabilidad para La Moneda. Según BioBioChile, el gobierno ha cumplido 33 días en el poder marcados por una creciente desaprobación presidencial y la pérdida de su "luna de miel" política. La administración ha enfrentado críticas por el uso del concepto de "Estado en quiebra" en comunicaciones oficiales —lo que derivó en un oficio de la Contraloría— y por un decreto que aumentó drásticamente los precios de los combustibles tras modificar el cálculo de semanas para su valorización, según reportó el mismo medio.
La oposición ha comenzado una coordinación estratégica para enfrentar la propuesta de reconstrucción, a la que diversos parlamentarios han denominado "ley tutifruti". El bloque sostiene que el Ejecutivo utiliza la urgencia de la reconstrucción como un vehículo para introducir reformas estructurales que no guardan relación con la emergencia. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó la naturaleza heterogénea del texto, señalando que "es una iniciativa que lleva de todo y cuyos ingredientes aún no están del todo claros".
Estrategia de fragmentación
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, cuestionó duramente la intención de Hacienda. "Es la primera vez en la historia de este Congreso que se habla de un plan de reconstrucción, a raíz de una tragedia, bajándoles el impuesto a las grandes empresas", afirmó Brito. Según el parlamentario, la oposición no permitirá que se mezclen "peras con manzanas" y exigirá que las medidas de apoyo a las víctimas sean tratadas de forma independiente a la agenda tributaria.
Para frenar el avance del proyecto en su formato actual, parlamentarios como Luis Cuello (PC), Daniela Serrano (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una solicitud formal. El objetivo es que la iniciativa no sea revisada únicamente por la Comisión de Hacienda, sino que sea derivada a diversas instancias técnicas del Congreso, dificultando así una tramitación rápida y uniforme.
La centroizquierda apuesta por una estrategia de selectividad. La diputada frenteamplista Tatiana Urrutia indicó que su sector no busca un rechazo total, sino un análisis detallado de cada punto. "Vamos a estudiarlos bien, cada uno en sus méritos", declaró la legisladora.
Dentro de esta táctica, la oposición busca tender puentes con los sectores moderados de Chile Vamos, esperando que parlamentarios como Diego Schalper se abran a cuestionar el diseño misceláneo del proyecto. El diputado socialista César Valenzuela expresó su esperanza de que estos sectores "le puedan dar razonabilidad" a la propuesta, permitiendo separar las medidas de alto consenso de aquellas que consideran ideológicamente controvertidas.