Recientes operativos federales de inmigración en Chicago han generado una contracción económica significativa en barrios predominantemente hispanos, según reportan dueños de negocios y funcionarios municipales. La Operación Midway Blitz, lanzada en septiembre con el objetivo declarado de detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, ha forzado a la comunidad a adaptarse a una nueva realidad marcada por el miedo a las detenciones.
En Little Village, conocido como un importante centro económico local, el temor a las redadas ha provocado que residentes y clientes eviten salir, transformando la arteria principal, la Calle 26, en una zona con notablemente menos actividad. Carlos Macias, propietario de Carniceria y Taqueria Aguascalientes, indicó a BBC que su negocio ha visto caer las ventas a la mitad o más durante la semana, ya que la clientela prefiere no gastar dinero.
Macias describió un incidente específico donde agentes federales, algunos con pasamontañas y armas visibles, ingresaron a su local, causando pánico entre clientes y empleados. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional afirma que la operación ha resultado en el arresto de más de 800 migrantes, incluidos delincuentes graves, registros judiciales indican que una proporción significativa de los detenidos no representaba un riesgo público significativo.
El impacto económico se extiende más allá de los negocios individuales, afectando los ingresos fiscales de un corredor que genera importantes recursos para Chicago, solo superado por el distrito comercial de la Milla Magnífica. El concejal Michael Rodriguez señaló que ha recibido informes de caídas de ventas de hasta el 60% en restaurantes y vendedores de alimentos, un efecto que repercute negativamente en la economía regional.
En respuesta a la disminución del flujo comercial, la alcaldía de Chicago, a través de la funcionaria Ana Valencia, introdujo la iniciativa 'Shopping in Solidarity' para movilizar a los residentes a apoyar activamente a los negocios locales. No obstante, comerciantes como Christina Gonzalez, de Taqueria Los Comales, han tenido que reducir las horas de sus empleados debido a la baja demanda, afectando directamente el sustento de la comunidad.
Existen voces disidentes que apoyan las políticas de control migratorio, como Lupe Castillo, residente de Little Village, quien argumenta que las normas deben cumplirse y que las redadas solo afectan a quienes temen ser descubiertos. Sin embargo, incluso algunos votantes previos del presidente han expresado decepción por el efecto adverso en sus propios emprendimientos.
Economistas han advertido sobre las implicaciones macroeconómicas de deportaciones masivas, con proyecciones de Peterson Institute for International Economics sugiriendo una posible reducción del PIB de hasta un 7% en tres años. Mientras el debate político y económico continúa, los pequeños empresarios enfrentan la incertidumbre inmediata sobre la viabilidad operativa de sus negocios.
