La neutralización de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detonó una escalada de violencia coordinada en México el 22 de febrero de 2026. Este operativo federal, centrado en Jalisco, generó narcobloqueos e incendios que se extendieron rápidamente a otras diez jurisdicciones, poniendo a prueba la capacidad de contención de las autoridades de seguridad.
El epicentro de la reacción fue Jalisco, bastión del cártel, donde el gobernador Pablo Lemus implementó el Código Rojo ante los ataques en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. Las autoridades confirmaron el cierre de avenidas estratégicas y la movilización de fuerzas federales para restaurar el orden y mitigar el pánico entre la población y el sector turístico.
La ola de violencia se sintió con fuerza en el occidente del país, con Michoacán y Nayarit reportando paralizaciones viales significativas. En Michoacán, enfrentamientos en La Piedad dejaron tres presuntos delincuentes abatidos y tres elementos de la Guardia Civil heridos, según informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En Nayarit, camiones incendiados bloquearon rutas clave que conectan Tepic con Xalisco, interrumpiendo el transporte hacia el Pacífico.
El conflicto armado se propagó hacia el Bajío y el centro del país, con Guanajuato registrando incendios de vehículos y comercios en ciudades como Irapuato y Silao, forzando cierres preventivos. De manera paralela, Hidalgo experimentó bloqueos carreteros en Tula y Tepeji del Río, lo que obligó a reforzar la vigilancia en los límites con el Estado de México para contener la dispersión del conflicto.
La seguridad en la frontera norte también se vio comprometida, con Tamaulipas reportando cierres de accesos en Reynosa mediante vehículos quemados, afectando las rutas hacia Matamoros. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar confirmó incidentes de disparos y el incendio de tráileres en la carretera Tijuana-Tecate, resultando en la suspensión total del tránsito en esa vía.
La expansión territorial incluyó al sureste y al Caribe mexicano, donde Quintana Roo registró incidentes en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, incluyendo ataques a establecimientos. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno confirmó narcobloqueos en zonas limítrofes como respuesta directa al operativo que resultó en la baja del líder criminal.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) reportó verificaciones preliminares de incidentes en Oaxaca, sugiriendo que el número de estados afectados podría incrementarse. Ante la magnitud de la respuesta del crimen organizado, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad, recomendando a su personal evitar traslados no esenciales en las áreas de mayor riesgo.
Este evento subraya la profunda interconexión de las células del CJNG a nivel nacional y plantea serios desafíos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano en el corto plazo. El monitoreo se centra ahora en si la estructura del cártel mantendrá la coordinación de ataques o si comenzarán disputas internas por el control de las plazas.
