Chile ha iniciado la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensa de las Víctimas, una nueva entidad diseñada para consolidar diversas corporaciones de asistencia judicial y programas de apoyo a víctimas en un solo organismo.
El nuevo servicio busca agilizar la respuesta del Estado ante las necesidades de las víctimas de delitos, aunque los expertos advierten que su éxito dependerá de la coordinación con el Ministerio Público.
Ulda Omar Figueroa, coordinadora de Estudios de Justicia en el Centro UC Justicia y Sociedad, sostiene que la agencia debe ir más allá de la simple interposición de denuncias.
"Para 'reparar la injusticia', se deben tomar acciones concretas que trasciendan el mero hecho de presentar una denuncia ante los tribunales", afirmó Figueroa.
La experta señaló que las víctimas padecen un "daño asociado a la injusticia", un impacto psicológico derivado de la sensación de estar expuestas a una situación arbitraria.
Según Figueroa, una verdadera reparación requiere garantizar que las víctimas sean escuchadas de manera efectiva durante los procesos judiciales y que reciban un trato digno por parte de los funcionarios públicos.
Hacia una gestión integral
Figueroa sugiere que la nueva agencia debería priorizar la labor de profesionales psicosociales y gestores de casos por encima de la de los abogados.
Advirtió sobre el riesgo de convertir el servicio de defensa en un subdepartamento centrado únicamente en la representación judicial. En su lugar, la agencia debería funcionar como una "ventanilla única" para que la ciudadanía acceda a los diversos servicios del Estado.
Al actuar como un punto de acceso centralizado, la agencia podría reducir la complejidad administrativa que enfrentan actualmente las víctimas al navegar por el sistema de justicia penal.
Este cambio estructural también podría aliviar la carga sobre el Ministerio Público. Figueroa señaló que, si el nuevo servicio se encarga de la gestión de casos y la difusión de información, los fiscales podrán redirigir sus recursos hacia una protección efectiva de las víctimas.
La experta advirtió que no superar un enfoque puramente legalista podría socavar aún más la confianza pública en el sistema de justicia penal.
