El Ministerio de Minería suspendió una licitación para la contratación de servicios de monitoreo de prensa, conocidos como 'clipping', tras un reclamo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). La medida busca revisar la legalidad de estos contratos, que según la organización, no respetan los derechos de propiedad intelectual de los medios de comunicación.
La decisión de la cartera de Minería es inédita en el sector público. El proceso de licitación había sido convocado apenas dos semanas antes de la suspensión.
Existen otras licitaciones en curso en el sector estatal, como la de la Armada, prevista para el 13 de mayo, y la de la Tesorería General de la República, programada para el 2 de junio.
La ANP acusa que las empresas prestadoras de este servicio revenden piezas periodísticas completas sin pagar las licencias correspondientes a los creadores originales. El secretario general de la ANP, Sebastián Zárate, señaló que la industria ha avanzado hacia la entrega de contenidos íntegros, incluyendo muros de pago, lo que vulnera la ley vigente desde 1970.
“En el Estado, con la idea de que logren darse cuenta de que están contratando con empresas que no han sabido respetar la ley, lo que en sí mismo hace que el sector público incurrir en faltas a la probidad administrativa. La respuesta que hemos recibido ha sido principalmente de sorpresa, desconocimiento”, afirmó Zárate.
Los registros de Mercado Público revelan que cuatro proveedores sumaron transacciones por $1.098 millones durante 2025. En ese periodo se contabilizaron 175 órdenes de compra y 43 licitaciones relacionadas con este servicio.
Litoralpress Media de Información se posiciona como el principal actor, habiendo recibido $755 millones del Estado en 2025 a través de 136 órdenes directas y 28 licitaciones. La empresa, controlada por la española Simbiu, ha acumulado ingresos por $3.500 millones provenientes de contratos estatales en los últimos cinco años.
Otro operador vinculado a Simbiu, News Executive Channel, facturó $78 millones con el Estado en 2025, cifra significativamente menor a los $300 millones que promedió en los cuatro años previos. La ANP busca ahora que la Contraloría General de la República adopte medidas preventivas para evitar que la contratación pública siga derivando en el uso de contenidos sin autorización.
