El Ministerio de Justicia de Chile ordenó una revisión especial al Servicio Médico Legal tras revelar irregularidades graves en su funcionamiento. Esta decisión oficial se tomó inmediatamente después de que un reportaje de T13 detallara falencias significativas en la presentación de información oficial. La acción busca aclarar posibles omisiones y problemas estructurales en la mantención de los cuerpos almacenados en el instituto. Las autoridades esperan completar el proceso en las próximas semanas para informar a la ciudadanía.
Según los antecedentes conocidos por el Ejecutivo, existiría una omisión de datos sobre cerca de 50 cuerpos en un informe presentado a la Comisión de Presupuesto. Este reporte se entregó a fines de 2024 y contenía información que ahora está bajo estricto escrutinio de las autoridades nacionales. El ministerio enfatizó que la entrega de información incorrecta vulnera principios fundamentales de transparencia en la gestión pública. Tales errores podrían tener implicaciones legales para los funcionarios responsables del reporte.
Además, se reportaron problemas físicos en el SML Metropolitano, donde se arrendaron contenedores refrigerados desde septiembre de 2025 para dar abasto. Estos espacios estarían situados a ras de piso y parecería que se mantienen en ellos a los fallecidos no identificados sin condiciones adecuadas. El Ejecutivo calificó la situación como de la mayor gravedad en su comunicado oficial emitido el día de hoy. La infraestructura actual no cumple con los protocolos internacionales de conservación.
Fernando Rabat, el ministro de Justicia, declaró que lo prioritario es examinar exhaustivamente todos los antecedentes disponibles en su poder. Él afirmó que la administración pública debe garantizar la probidad en todos sus procesos legislativos y administrativos. El funcionario pidió esclarecer la veracidad de los hechos denunciados antes de establecer responsabilidades administrativas. Su intervención busca evitar que el caso se vuelva recurrente en el futuro.
La Unidad de Auditoría Ministerial tendrá la facultad de pedir antecedentes y levantar imágenes en terreno para verificar la realidad. El objetivo es dar cuenta fehaciente de la realidad operativa del Servicio Médico Legal sin depender de reportes internos. Esta herramienta permitirá verificar si las condiciones de almacenamiento cumplen con los estándares legales establecidos. La transparencia será clave para recuperar la confianza de la sociedad.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acordó citar a la directora del SML, Marisol Prado, para explicar la situación. También se solicitó la presencia del director del Registro Civil, Omar Morales, para detallar los retrasos en la identificación de personas. La sesión está programada para el próximo miércoles ocho de abril en el recinto parlamentario. Los diputados esperan obtener respuestas claras sobre los procedimientos.
Marisol Prado asumió su cargo en 2023 mediante un concurso de Alta Dirección Pública con amplia trayectoria en el sector salud. Su trayectoria incluye una larga militancia en el Partido Comunista y haber sido la primera mujer en presidir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estos antecedentes políticos han generado atención pública adicional en el caso que se investiga. Su gestión previa ha sido evaluada bajo la lupa de la oposición.
Este escándalo resalta la importancia crítica de la gestión de datos en instituciones de salud y justicia en el contexto chileno. La confianza ciudadana en los sistemas de registro civil y forense depende directamente de la precisión administrativa de sus funcionarios. Eventos previos han mostrado que las fallas en estos servicios afectan directamente a las familias de los desaparecidos. La opinión pública exige cambios inmediatos en la estructura de comando.
Desde el ministerio esperan establecer las responsabilidades administrativas que correspondan dentro del Servicio Médico Legal según la ley. El comunicado oficial concluyó solidarizando con el dolor de las personas afectadas por las irregularidades en estudio. La búsqueda de respuestas busca restaurar la credibilidad institucional afectada por estos hechos. Se prioriza el bienestar de los familiares sobre la imagen del estado.
Lo que sigue será crucial para determinar si existen sanciones más severas o cambios en la estructura de la entidad. La opinión pública observará de cerca los resultados de la auditoría ministerial en las próximas semanas. Se espera que el caso impacte en la política de administración pública chilena en el corto plazo. El gobierno debe demostrar que puede corregir fallas sistémicas.
