El Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir su salida del cargo por motivos de edad. El abogado busca frenar la vigencia de la reforma notarial y registral que establece la jubilación obligatoria a los 75 años.
Maldonado, de 81 años, actúa junto a la notaria Linda Bosch, quien cumplirá 76 años en septiembre. Ambos profesionales buscan evitar la aplicación de la norma que entrará en vigencia en octubre, la cual elimina la excepción que les permitía seguir en sus funciones tras cumplir el límite de edad.
El abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien firma el escrito, sostiene que la reforma constituye una actuación estatal que infringe el derecho fundamental a desarrollar una actividad económica lícita. El recurso argumenta que la medida es una forma de discriminación por edad.
Alegación de discriminación por edad
"El único objeto es pedirle a los tribunales de justicia que evalúen si estamos o no ante un caso de discriminación por edad", declaró Zapata a la prensa.
El documento judicial señala que la aplicación de la reforma impedirá la continuidad profesional de los recurrentes basándose únicamente en su edad. Según el escrito, la jubilación impuesta no satisface ninguna exigencia de razonabilidad y debe declararse ilegítima.
El conflicto tiene su origen en una modificación al Código Orgánico de Tribunales de 1995. Aquella norma establecía una excepción para los auxiliares de la administración de justicia que ya estaban en servicio, situación que ampara a Maldonado y Bosch, nombrados en 1979 y 1983, respectivamente.
El amparo sostiene que la medida vulnera el artículo 19 número 21 de la Constitución, que garantiza la libertad para desarrollar actividades económicas. El recurso afirma que imposibilitar el ejercicio del oficio equivale a socavar una actividad lícita en curso.
Finalmente, el escrito sostiene que ambos profesionales gozan de buena salud para continuar sus labores. El abogado Zapata advirtió que, de acogerse el recurso, se establecería un precedente para frenar lo que calificó como la "metástasis social de la discriminación por edad" en el país.
