Las municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes han iniciado una nueva etapa en su estrategia de seguridad conjunta, inyectando $700 millones para financiar investigaciones lideradas por la Policía de Investigaciones (PDI). Los fondos, gestionados a través de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), tienen como objetivo reforzar la identificación y captura de grupos delictivos que operan en ambos distritos.
Esta inversión respalda el Modelo Tecnológico de Análisis Criminal (MTAC), un sistema diseñado para procesar datos municipales y proporcionar a la policía inteligencia operativa. La iniciativa se basa en acuerdos previos con la Fiscalía Metropolitana Oriente, marcando un cambio en el rol municipal: pasar de la simple prevención al apoyo activo en la investigación criminal.
“La ciudadanía exige orden, y eso significa que quienes cometen delitos deben enfrentar consecuencias reales”, señaló el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. “Con esta inversión, estamos fortaleciendo la capacidad de investigar e identificar a aquellos que creen que pueden actuar con impunidad”.
Mejoras tecnológicas focalizadas
El presupuesto de $700 millones, dividido equitativamente entre ambos municipios, financiará herramientas forenses especializadas. Esto incluye software para la extracción de datos de dispositivos móviles, análisis de evidencia digital y el procesamiento de información de fuentes abiertas para mapear estructuras criminales complejas.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó que el proyecto responde a un cambio en el comportamiento delictivo. “A través del análisis de los datos y patrones que definen cómo operan las bandas criminales, estamos entregando a la policía una herramienta para combatir mejor el crimen organizado”, afirmó. “El modelo MTAC permite a la policía establecer objetivos investigativos basados en información municipal, facilitando la identificación de los delincuentes”.
Las autoridades locales informan que el 95% de los delitos en la zona involucran a sospechosos no identificados, lo que contribuye a bajas tasas de detención y a una mayor percepción de inseguridad. Al integrar grandes volúmenes de evidencia digital, los municipios esperan acelerar los procesos penales y aumentar el efecto disuasorio de las fuerzas de seguridad locales.
Desde la AMSZO indicaron que el panorama delictivo actual se ha vuelto más sofisticado, lo que exige recursos más robustos que la tradicional vigilancia mediante patrullajes. La asociación espera que este modelo colaborativo sirva como referente para otros municipios del país que enfrentan desafíos similares ante el crimen organizado.