Marzo se presenta como un mes de significativa presión financiera para los hogares chilenos debido a la concentración de pagos obligatorios, agravada este año por el alza en el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). El encarecimiento del SOAP, que acompaña al pago del permiso de circulación, asciende a un treinta y cinco por ciento respecto al año anterior, sumando un costo adicional aproximado de $20.000 millones para la ciudadanía.
Esta alza tarifaria deriva de la reciente Ley 21.797, conocida como la “Ley Jacinta”, la cual amplía las restricciones para la obtención de licencias de conducir al catalogar treinta patologías como factores limitantes. Adicionalmente, la ley exige un certificado médico, distinto a la habitual entrevista municipal, imponiendo una carga financiera estimada en $130.000 millones adicionales para el conjunto de contribuyentes con vehículos.
El origen de esta normativa responde a una sensibilidad colectiva generada tras el fallecimiento de una menor, provocado por un conductor de avanzada edad con una enfermedad crónica no diagnosticada. A pesar de la noble motivación, la discusión legislativa inicial mostró sesgos hacia la discriminación etaria, ignorando que las tasas de accidentes fatales son mayores entre conductores jóvenes.
El análisis de la ley también pone de relieve una omisión en la tramitación de iniciativas que imponen cargas fiscales. Generalmente, los proyectos que implican gasto público requieren un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero este procedimiento no siempre se aplica a mociones que generan gastos directos a los privados.
Expertos señalan la necesidad de que cualquier propuesta legislativa que se traduzca en un gasto directo para los ciudadanos o empresas incorpore una evaluación económica formal. Esta evaluación debería sopesar los costos totales frente a los beneficios esperados, permitiendo establecer prioridades claras sobre qué cargas son justificadas.
Se recuerda que otras leyes, como la obligatoriedad de reflectantes amarillos para vehículos detenidos en carretera, han significado costos considerables—cerca de $19.500 millones—con beneficios cuya justificación es cuestionable. De manera similar, la obligatoriedad de desfibriladores automáticos en lugares públicos enfrenta desafíos operativos sin capacitación continua.
El debate sugiere que el Parlamento chileno debe adoptar un estándar más riguroso para medir el impacto fiscal de las leyes que afectan directamente el bolsillo de los contribuyentes. Esto aseguraría que las regulaciones, incluso aquellas con fines nobles, no impongan costos desproporcionados sin una validación económica exhaustiva.
