La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, negó haber incurrido en faltas personales o interferencias profesionales durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad del Senado este miércoles. La secretaria de Estado abordó los persistentes rumores sobre la reciente salida de Consuelo Peña, ex subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI).
Peña, quien sirvió en la institución durante 36 años, fue obligada a retirarse, una medida que desató especulaciones entre los legisladores. Sus críticos sugirieron que Steinert impulsó la destitución debido a una antigua disputa profesional que se remonta a la época en que la ministra se desempeñaba como fiscal regional en Tarapacá.
Durante su gestión como fiscal, Steinert habría tenido roces con Peña después de que la jefa policial desmantelara una unidad local y trasladara al subprefecto Mauricio Fuentes a Santiago. Posteriormente, circularon rumores de que dicha fricción estaba ligada a una relación sentimental entre la ministra y Fuentes.
Steinert rechazó estas afirmaciones durante la sesión de la comisión, calificando los rumores de "molestos" y como un intento de crear una "historia paralela".
"Como madre, es complejo recibir estas expresiones que intentan crear una historia paralela que no ha existido", señaló Steinert. "Esto incluye esa historia paralela desde un punto de vista, digamos, romántico, lo cual nunca ha sido el caso".
Estrategia de seguridad del Gobierno
Más allá de la controversia en torno a la PDI, Steinert aprovechó su comparecencia para exponer la hoja de ruta del Gobierno en materia de seguridad pública. Identificó el crimen organizado, el análisis criminal y el fortalecimiento policial como los pilares fundamentales de la agenda de la administración.
Steinert reiteró que la decisión de retirar a Peña fue un asunto institucional gestionado por el director de la PDI, Eduardo Cerna. Cerna ya había testificado ante el Congreso el lunes, confirmando que la medida fue una decisión administrativa interna, aunque no detalló sus comunicaciones privadas con la ministra sobre este caso.
El senador Juan Luis Castro presionó a la ministra para que aclarara si había intervenido en el cambio de personal. Señaló que la incertidumbre actual sobre el liderazgo de la PDI ha generado tensiones entre la fuerza policial y el Ministerio de Seguridad.
"Cualquier interferencia de mi parte, no la hubo", respondió Steinert. Aseguró que, dado que la teoría de su participación directa no logró ganar fuerza, sus críticos optaron por difundir rumores sobre una conspiración.
Para combatir el crimen organizado, la ministra detalló un plan centrado en la recuperación de territorios actualmente controlados por grupos delictivos. Citó la reciente recuperación de terrenos ocupados en Cerro Chuño, Arica, como modelo para futuras operaciones. Además, el Gobierno busca aumentar el despliegue policial para ejecutar órdenes de detención pendientes e implementar reformas procesales, como permitir que los juicios orales se lleven a cabo sin la presencia física del acusado para evitar retrasos judiciales.