El Quinto Juzgado Civil de Santiago autorizó el cobro forzado y el embargo contra el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano por un monto de 290 millones de pesos. La resolución judicial responde a tres facturas emitidas por la empresa Gopa Soluciones SpA, las cuales fueron aceptadas por el organismo regional pese a no estar asociadas a ninguna prestación de servicios real.
La justicia rechazó las impugnaciones presentadas por la defensa del GORE, que argumentaba la falsedad ideológica de los documentos. Según el organismo, las facturas aludían a proyectos inexistentes, como el "Salón Bulnes" y el "Cesfam Urzúa", los cuales nunca formaron parte de su cartera de obras.
La jueza Giselle Sorhaburu determinó que, en la etapa preparatoria del juicio, solo es posible impugnar facturas por adulteración material y no por su origen ideológico. Además, el tribunal señaló que el GORE no presentó objeciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el momento oportuno, lo que dejó los documentos "irrevocablemente aceptados".
Un fraude de 6.500 millones
El caso se remonta a una querella presentada el año pasado por el propio GORE Metropolitano. La institución denunció que el exfuncionario Carlos Basaletti aceptó en el sistema interno un total de 61 facturas por 6.547 millones de pesos, todas sin respaldo contractual.
La empresa Boreal Servicios Financieros S.A., una de las compañías que factorizó dichos documentos, inició las demandas ejecutivas tras el impago. Con la reciente orden judicial, un ministro de fe deberá requerir el pago al Gobierno Regional, incluyendo intereses, reajustes y las costas del proceso.
Desde el GORE Metropolitano aseguraron que utilizarán las instancias legales disponibles para revertir la medida. "El Gobierno Regional se encuentra dentro de plazo para contestar la demanda ejecutiva y ejercer las acciones legales correspondientes, incluyendo la oposición al cobro", afirmaron mediante una declaración oficial.
El caso ha escalado hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde se debate una solicitud de destitución contra el gobernador Claudio Orrego. Los denunciantes sostienen que existió un notable abandono de deberes en la supervisión y control jerárquico de la institución. Por su parte, la defensa de Orrego argumenta que el gobernador actuó de inmediato para proteger el patrimonio público una vez detectadas las irregularidades.
