Un juez de distrito estadounidense, Fred Biery, ordenó el sábado la liberación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, de un centro de detención en San Antonio, Texas. La orden judicial, emitida tras una petición de emergencia de los abogados de la familia, estipula que la liberación debe efectuarse antes del 3 de febrero.
El juez Biery, designado por el expresidente Bill Clinton, condenó duramente la detención, señalando que el caso se originó en la "búsqueda gubernamental mal concebida e incompetentemente implementada de cuotas diarias de deportación". El fallo, que incluyó una fotografía del niño con un gorro azul de conejo, criticó la imposición de crueldad en la búsqueda de poder.
La detención de Ramos, ocurrida en un suburbio de Minneapolis, se produjo en el marco de la intensificación de los esfuerzos de control migratorio conocidos como "Operation Metro Surge", según reportó bbc.com. El padre y el hijo habían llegado a EE. UU. desde Ecuador en 2024 buscando asilo y, según su abogado, seguían los protocolos migratorios adecuados.
ICE, por su parte, afirmó que la operación no se centró en el niño, sino en la aprehensión del padre, a quien calificaron de "extranjero ilegal" que supuestamente "abandonó" a su hijo al ser abordado. Sin embargo, la superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, alegó que los agentes usaron al niño como "cebo" para atraer a otros familiares.
La controversia se intensificó, ya que el niño fue uno de al menos cuatro estudiantes detenidos por oficiales de inmigración en el área ese mes. El vicepresidente JD Vance defendió las tácticas de ICE, indicando que la paternidad no otorga inmunidad frente a la aplicación de la ley, a pesar de reconocer que tales arrestos son traumáticos.
El operativo en Minnesota es descrito por funcionarios federales como la operación de aplicación de la ley de inmigración federal más grande jamás realizada, con aproximadamente 3.000 agentes desplegados y que ha provocado enfrentamientos diarios y el fatal tiroteo de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales.
El juez Biery concluyó que, si bien los peticionarios podrían ser deportados, esto debe ocurrir bajo una política más ordenada y humana que la actual. Los detenidos se encontraban en una instalación en Texas, donde grupos de defensa han reportado condiciones deplorables, incluyendo enfermedades y desnutrición, según reportaron representantes como Joaquín Castro.
La decisión judicial subraya la tensión continua entre las prioridades de aplicación de la ley de la administración y las preocupaciones sobre el trato humanitario dentro del sistema de inmigración estadounidense.
