El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió una réplica formal a las denuncias de investigadores internas sobre presuntos “crímenes de lesa arqueología” relacionados con el salvamento arqueológico del Tren Maya. Específicamente, el INAH abordó las afirmaciones sobre la recolocación inadecuada de 47 monumentos prehispánicos en el parque Balaam Tum, en Quintana Roo.
Las críticas surgieron tras declaraciones del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer y la investigadora Noemí Castillo, quienes cuestionaron el manejo de las estructuras tras su rescate en la ruta del proyecto ferroviario. Castillo calificó la intervención y construcción con vestigios como un crimen contra el patrimonio cultural nacional, según reportó El Universal.
El INAH defendió su proceder, afirmando que el proyecto de conservación se ejecutó en estricto apego a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La institución señaló que cada etapa del proyecto contó con las autorizaciones técnicas correspondientes del Consejo de Arqueología del Instituto.
Respecto a la acusación de que solo 16 de los 47 monumentos fueron emplazados correctamente, el INAH sostuvo que el traslado se completó solo después de recuperar y registrar exhaustivamente los contextos originales. El Instituto destacó el uso de tecnología LiDAR para documentar cada pieza antes de su reubicación.
La dependencia federal aseguró que la reinstalación se realizó en el sentido inverso a la extracción, garantizando que cada roca mantenga su posición y orientación original en la nueva ubicación. Este proceso técnico, según el INAH, asegura la conservación del patrimonio cultural afectado por las obras de infraestructura.
El organismo reiteró su compromiso con la protección y salvaguarda del acervo nacional, extendiendo una invitación a atender inquietudes futuras basadas en evidencia técnica y documental verificable. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México refrendó su postura institucional sobre la responsabilidad compartida en la conservación del patrimonio.
Este intercambio subraya la tensión existente entre los requerimientos de grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, y las normativas estrictas de protección arqueológica en México. La controversia continuará mientras se evalúa la transparencia de los procesos de rescate y reubicación en zonas sensibles.
