La Subsecretaría de Prevención del Delito reportó este lunes que, desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast, se han registrado 97 víctimas de homicidio. Esta cifra representa un incremento del 2,1% en comparación al mismo periodo del año pasado.
La subsecretaria Ana Victoria Quintana informó que, entre el 11 de marzo y el 12 de abril, el país acumuló dos víctimas adicionales respecto al mismo lapso de 2025. Sin embargo, la autoridad destacó que, en el acumulado anual, las víctimas han disminuido un 12,8%, pasando de 312 personas fallecidas el año anterior a 272 en lo que va de este año.
Para dar seguimiento a la criminalidad, el Gobierno anunció la implementación de reportes semanales de estadísticas de homicidios. Esta medida busca ofrecer una visión constante de la evolución del delito, aunque los datos se basarán en cifras preliminares de las policías.
Transparencia y dudas metodológicas
Quintana señaló que el nuevo sistema de entrega semanal no reemplaza los informes oficiales semestrales que cuentan con la validación de instituciones como el Servicio Médico Legal y el Ministerio Público. La subsecretaria reconoció que las cifras semanales podrían variar al ser datos de carácter preliminar.
“El discurso que tenía el gobierno respecto de la existencia de una crisis en seguridad es efectivo. Estamos en una situación que debe ser abordada en este momento”, afirmó la autoridad.
No obstante, la medida enfrenta críticas por su rigor técnico. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cestro) de la Universidad San Sebastián, advirtió que las cifras policiales semanales carecen de la validación jurídica necesaria.
“Usar eso como indicador de gestión es políticamente tentador, pero técnicamente frágil”, señaló el exfiscal, debido a que los hechos aún no son calificados formalmente como homicidios por el Ministerio Público.
Por su parte, la exministra del Interior, Carolina Tohá, instó a mantener los estándares de metodología unificada para evitar la desinformación. Según la exautoridad, el aumento en la frecuencia de los reportes debe asegurar que no existan datos contradictorios entre los distintos organismos del Estado.
