El Gobierno de Chile ha ampliado la querella interpuesta por la agiente de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, elevando la calificación jurídica de los hechos al invocar la Ley de Seguridad del Estado. La medida busca revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Valdivia, que otorgó medidas cautelares leves a los tres estudiantes imputados por el incidente ocurrido en la Universidad Austral de Chile.
La nueva estrategia judicial, liderada por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Trinidad Steinert, sostiene que los hechos no constituyen únicamente un atentado contra la autoridad, sino que podrían encuadrarse bajo la figura de secuestro. Según reportó La Tercera, el Ejecutivo fundamenta esta reclasificación en el hecho de que la ministra permaneció cerca de dos horas en el Aula Magna de la casa de estudios sin poder abandonar el recinto, debido al bloqueo de los accesos por parte de los manifestantes.
Los imputados, identificados como Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga, fueron formalizados el pasado lunes tras los incidentes ocurridos a inicios de abril. Hasta el momento, el magistrado Pablo Yáñez les impuso la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de firmar quincenalmente ante el tribunal.
El uso de la Ley de Seguridad del Estado
Para sustentar la gravedad de la acción, el Ministerio de Seguridad invocó el artículo 5° letra b de la Ley de Seguridad del Estado. Esta normativa sanciona a quienes, con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública, priven de libertad a una persona para imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad. Según detalla La Tercera, la aplicación de esta ley ha sido excepcional, utilizándose previamente en contextos como el estallido social de 2019, las paralizaciones de camioneros en 2022 y la violencia en la Macrozona Sur.
La estrategia de La Moneda apunta directamente a modificar la situación procesal de los estudiantes, dado que el delito de atentado contra la autoridad contempla penas muy bajas y los imputados cuentan con una conducta anterior irreprochable. Al introducir la figura de secuestro, el Ejecutivo abre la puerta a medidas cautelares más severas, como la prisión preventiva.
Sin embargo, la ampliación de la querella, declarada admisible el pasado 22 de abril, enfrenta posibles obstáculos judiciales. El medio El Mostrador señala que la nueva arremetida se apoya en testimonios ya conocidos en el proceso, tales como empujones, el lanzamiento de líquidos y la coordinación de la protesta.
Intervinientes consultados por La Tercera advirtieron que el Ministerio de Seguridad no habría aportado antecedentes nuevos o distintos a los presentados en la querella original. Esta falta de nuevos elementos podría generar dificultades cuando la Corte de Apelaciones de Valdivia deba pronunciarse sobre la apelación presentada por el Gobierno respecto de la resolución del juez Yáñez.
