La Fiscalía de Chile formalizará a Alberto Larraín y María Constanza Gómez el próximo 25 de mayo por seis delitos de apropiación indebida. La audiencia se llevará a cabo ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, según reportó latercera.com.
La investigación apunta a irregularidades detectadas en convenios suscritos por la Fundación ProCultura con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de dicha zona. El fiscal regional Juan Castro Bekios lidera la indagatoria sobre el manejo de estos fondos públicos.
El Ministerio Público pone la lupa en el convenio para la "Recuperación de Fachadas Zona de Concesión Histórica Antofagasta". Este acuerdo alcanzó un monto de $629.815.000 y fue firmado por el gobernador Ricardo Díaz, Gómez y Pablo López.
Investigadores también analizan transferencias superiores a los $500 millones provenientes de la Seremi de Vivienda hacia la fundación. La Contraloría detectó fallas en las rendiciones de cuentas y adjudicaciones directas en al menos cuatro convenios.
Antecedentes de la investigación
Esta arista de ProCultura es considerada una de las más complejas dentro del caso de convenios. El proceso derivó de las pesquisas que iniciaron tras el escándalo de Democracia Viva en la misma región.
La investigación también tuvo repercusiones políticas de alto nivel. El fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, llegó a solicitar la interceptación de comunicaciones de Miguel Crispi, exjefe de asesores del presidente Gabriel Boric.
La Corte Suprema declaró ilegales ciertas diligencias realizadas por la Fiscalía, como la interceptación de comunicaciones de Josefina Huneeus. Debido a esto, la causa fue derivada al fiscal regional de Antofagasta, Castro Bekios.
Esta no es la primera vez que los directivos de la fundación enfrentan cargos. En una instancia previa, la Fiscalía intentó formalizarlos por fraude al Fisco en la Región Metropolitana, pero las solicitudes de prisión preventiva fueron desestimadas.
El abogado defensor de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la postura del Ministerio Público. “La Fiscalía nuevamente intentará sostener que la no ejecución total de los convenios, esta vez en Antofagasta, sería constitutiva de delito”, afirmó Arias a La Tercera.
Arias sostuvo que la tesis de la fiscalía ya fue rechazada en Santiago y no espera resultados distintos en esta nueva audiencia.
