El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha implementado recortes significativos en el financiamiento y recursos de capacitación destinados a combatir delitos sexuales contra menores durante los primeros días de la segunda administración de Donald Trump, una medida que según fiscales especializados limita gravemente su capacidad operativa.Entre las medidas más controvertidas se encuentra la cancelación de la Capacitación Nacional de Aplicación de la Ley sobre Explotación Infantil 2025, programada para junio en Washington DC. Esta conferencia anual proporciona entrenamiento técnico crucial a fiscales y agentes federales y estatales sobre investigación de delitos cibernéticos contra menores.Cuatro fiscales y agentes especializados en explotación sexual infantil, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a The Guardian que estos recortes ponen en riesgo a menores vulnerables e impiden llevar a depredadores infantiles ante la justicia."No quieres hablar muy alto porque temes represalias, y esa es una carga pesada cuando solo intentas hacer tu trabajo", declaró un fiscal federal.Las nuevas medidas de "austeridad" implementadas por el Departamento de Justicia han creado obstáculos burocráticos significativos. Los fiscales federales deben ahora justificar todos los viajes para capacitación, preparación de juicios y reuniones con víctimas, demostrando que son "misión central", una aprobación que raramente se otorga.La cancelación de la conferencia anual ha impactado particularmente a la Red de Fuerzas de Tarea de Delitos Cibernéticos contra Menores (ICAC), que agrupa 61 unidades especializadas a nivel nacional. "Si no recibes la capacitación, impacta las investigaciones, especialmente para nuevos investigadores", explicó un oficial de ICAC.El entrenamiento es crítico dado que los depredadores infantiles utilizan cada vez más aplicaciones de inteligencia artificial para acechar menores, requiriendo actualización constante de técnicas investigativas y software forense.Los recortes también han afectado las subvenciones anuales del Departamento de Justicia a las divisiones ICAC, normalmente otorgadas en octubre, dejando a los investigadores sin fondos para personal, software y herramientas esenciales."Nos quedamos averiguando cómo sobrevivir sin eso", declaró un oficial de aplicación de la ley. "Hemos tenido que hacer recortes, rehacer cosas y recurrir a otras fuentes de financiamiento para suplicar dinero".El Departamento de Justicia no respondió a solicitudes de comentarios. Previamente, un portavoz departamental había declarado que la institución puede "mantenerse enfocada en dos prioridades críticas simultáneamente: procesar criminales que explotan niños y asegurar el uso eficiente de los dólares de los contribuyentes".Esta decisión ha generado críticas bipartidistas, particularmente tras la negativa de la administración Trump de liberar archivos investigativos completos relacionados con Jeffrey Epstein, el traficante sexual infantil fallecido y ex asociado de Trump."Muchos oficiales de aplicación de la ley sintieron que esta administración sería pro-aplicación de la ley, y que las investigaciones de tráfico serían vistas como importantes", señaló un fiscal. "Esta situación es desalentadora".Los recortes representan un cambio significativo respecto a políticas previas que habían recibido elogios bipartidistas por su efectividad en combatir el tráfico humano y la explotación infantil.
