El empresario Alberto Scuncio presentó esta semana una demanda civil por 852 millones de pesos contra la Municipalidad de Coronel, alegando que la gestión deficiente de una disputa por patentes comerciales le causó un perjuicio irreparable a su reputación profesional.
El litigio tiene su origen en una decisión tomada por el concejo municipal en 2018, cuando se redujo retroactivamente la deuda de una empresa embotelladora de 1.100 millones a 100 millones de pesos. Scuncio, propietario de la firma, sostiene que las autoridades locales calcularon erróneamente la deuda tributaria y, posteriormente, presentaron la rebaja como un "perdonazo" político.
Juan Pablo Lorenzini, abogado representante de Scuncio, señaló que la negligencia persistente del municipio obligó a tomar esta vía legal. Según el abogado, la forma en que la administración municipal expuso públicamente el acuerdo manchó injustamente el nombre de su cliente.
“Al presentarse esto públicamente como un perdonazo, afectando la reputación de nuestro cliente, decidimos interponer esta demanda de indemnización de perjuicios”, declaró Lorenzini. “Hubo una negligencia persistente por parte del municipio. Primero, aplicaron un tributo que no correspondía y, luego, presentaron el acuerdo como un perdonazo, volviendo a mancillar el buen nombre del señor Scuncio”.
Se avecina una investigación penal
La demanda civil coincide con una investigación penal paralela liderada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo ha acusado al alcalde Boris Chamorro, al exjefe jurídico del municipio y a cuatro concejales de fraude al fisco en relación con el mismo acuerdo de reducción tributaria.
Está previsto que dichos funcionarios sean formalizados el próximo mes. A pesar de los procesos penales que apuntan al municipio, Lorenzini insiste en que su cliente es víctima de la incompetencia administrativa y no un partícipe de irregularidades.
“Parece un error, pero la Fiscalía tiene la obligación de investigar”, afirmó Lorenzini. “No nos complica que la Fiscalía lleve a cabo la investigación, porque terminará determinando que no hubo ningún tipo de fraude al fisco”.
Lorenzini proyectó que el caso penal contra el alcalde terminará siendo desestimado por el Ministerio Público ante la falta de pruebas. Mientras tanto, aseguró que su equipo legal sigue enfocado en la demanda civil para demostrar que el manejo público de la deuda por parte del municipio causó un daño financiero y reputacional cuantificable a Scuncio.
