El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este martes que el Gobierno intervendrá 50 "barrios críticos" de aquí a 2026, enfocándose en zonas fuertemente infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado en Valparaíso, Poduje detalló una estrategia integral para abordar la situación de 152 distritos de alto riesgo. El plan contempla la demolición de estructuras inhabitables y su posible reconstrucción, priorizando aquellos sectores donde las bandas criminales han tomado el control de viviendas sociales.
"Tenemos más de 600 propiedades del Serviu tomadas en estos complejos", señaló Poduje. "Tenemos que sacar a estos narcos que están ocupando las casas y manteniendo a los vecinos aterrorizados".
Combatiendo la actividad de bandas y la corrupción
La operación comenzará en el Cerro Chuño, en Arica, un sitio identificado por las autoridades como un bastión de la organización criminal Tren de Aragua. Debido a que el área está contaminada con materiales tóxicos, el ministerio tiene previsto demoler las estructuras existentes sin planes de reconstrucción.
Poduje enfatizó que esta crisis es el resultado de años de abandono, mala calidad constructiva y el auge de operadores ilícitos. Citó ejemplos concretos de deterioro en barrios como Las Américas en Talca, Vicuña Mackenna en Rancagua y Parinacota en Quilicura.
Más allá de la intervención física, el ministro lanzó una campaña agresiva contra los "operadores" que gestionan subsidios habitacionales mediante prácticas poco éticas. Poduje acusó a estas personas de cobrar sumas exorbitantes a las familias para asegurarles un lugar en las listas de prioridad y prometió publicar un registro público de los involucrados.
"Vamos a hacer una lista de estas personas", declaró Poduje. "Son individuos que entran al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de contactos políticos en diversos gobiernos, y los vamos a remover y a denunciar ante el Ministerio Público".
El ministro destacó que su cartera está coordinando estos esfuerzos con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y con los alcaldes locales. Calificó la iniciativa como una de las tareas más urgentes y complejas que enfrenta su departamento, señalando que algunas zonas carecen de servicios básicos como agua potable, a pesar de contar con miles de viviendas construidas al margen de la ley.