El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos tras el retiro del proyecto de la Nueva Ley de Pesca, luego de que surgieran evidencias de una posible alineación entre el discurso oficial y los intereses de la industria pesquera industrial.
Según reporta el medio elmostrador.cl, el ministro de Economía, Daniel Mas, utilizó argumentos técnicos durante su comparecencia ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que coinciden casi textualmente con un informe de la gremial Sonapesca.
El análisis de la columna señala que las palabras del ministro sobre "brechas importantes en la implementación del enfoque ecosistémico" y "incertidumbres en materias estructurales como el sistema de subastas" aparecen de forma idéntica en el Informe Técnico Jurídico encargado por Sonapesca a la consultora Acuiestudios en mayo de 2024.
Coincidencias con el sector industrial
La investigación periodística destaca que el subsecretario Urrutia también utilizó el término "refundacional" para describir el proyecto, una palabra empleada previamente por la gremial para calificar la propuesta como "desprolijo, lleno de contradicciones técnicas".
El texto advierte que el ministro Mas también replicó argumentos sobre la "baja aplicabilidad práctica" del proyecto, lo que sugiere un proceso de captura regulatoria por parte de los intereses industriales.
El informe señala que la defensa de las "reglas del juego" por parte de las autoridades busca preservar el sistema heredado de la Ley Longueira. Este marco legal estuvo marcado por el caso Corpesca, que resultó en la condena de un exsenador por cohecho y sanciones económicas para la empresa por financiamiento ilegal de la política.
La polémica surge porque el proyecto retirado incluía una plataforma social destinada a las 108 mil personas que dependen de la pesca artesanal en Chile. Según el medio, el retiro del proyecto elimina mecanismos de justicia distributiva, como la recaudación adicional de las subastas de licencias industriales para financiar la seguridad social de los pescadores.
El autor de la denuncia sostiene que el lenguaje técnico utilizado por el Ministerio de Economía sirve para encubrir la postergación de derechos fundamentales para los trabajadores del sector artesanal.
