El ministro de Hacienda, Jorge Quirolos, reconoció ante la Comisión de Hacienda que la Ley Miscelánea no garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo. Según informó elmostrador.cl, el secretario admitió que los incentivos tributarios al empleo podrían funcionar más como una medida de contención para evitar despidos que como un motor de contratación.
Esta declaración generó críticas inmediatas de los partidos Frente Amplio y Partido Socialista, que cuestionaron la falta de certezas en el proyecto y señalaron posibles beneficios para las grandes empresas. La sesión también evidenció una fractura con el Partido de la Gente (PDG), tras errores detectados en las cifras de recaudación y disputas por el impuesto a las pymes.
Tensión parlamentaria y presión de la oposición
La relación entre La Moneda y el PDG entró en conflicto luego de que Franco Parisi acusara al ministro Claudio Alvarado de desconocer acuerdos previos. El líder del PDG señaló que el Gobierno no respetó la mantención del impuesto a las pymes en un 12,5%, limitando el pacto a la devolución del IVA en medicamentos y pañales. El partido advirtió que sus 13 diputados podrían votar en contra si no se cumple lo comprometido.
Por su parte, el diputado Johannes Kaiser aumentó la presión sobre el Ejecutivo tras el acuerdo con el PDG. El representante del Partido Nacional Libertario sostuvo que su bancada de ocho votos no puede dar su respaldo por sentado, exigiendo concesiones tras haber actuado como una “oposiliación amigable”. Kaiser también marcó distancia con el Gobierno en temas de seguridad y gasto público.
En otros ámbitos, la Contraloría General de la República inició una fiscalización de oficio en La Moneda para investigar los pagos realizados a la Oficina del Presidente Electo tras la victoria de José Antonio Kast. La indagatoria busca verificar la legalidad de los desembolsos efectuados entre el 9 de enero y el 10 de marzo para labores de logística y comunicaciones.
Finalmente, la Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos y retenciones de cuentas bancarias y propiedades contra deudores del CAE que perciben rentas mensuales superiores a $5 millones. Esta medida afecta a 1.340 casos que no regularizaron su situación tras las notificaciones de abril.
