El sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) atraviesa una crisis estructural que evidencia la subordinación de la educación superior a la lógica financiera en Chile. Al cierre de 2024, las cifras oficiales muestran que 966 mil personas se encuentran en etapa de pago de este instrumento, de las cuales 511 mil presentan garantías ejecutadas o créditos acelerados.
Este escenario de incumplimiento afecta al 42% del valor total de la cartera de deuda. Según datos analizados, la magnitud del problema no responde a conductas individuales, sino al agotamiento de una arquitectura institucional donde más de la mitad de los deudores termina atrapada en la mora.
Presión fiscal y acciones judiciales
La Tesorería General de la República (TGR) inició acciones de cobro contra más de 550 mil deudores. Para aquellos que registran ingresos mensuales superiores a los $5 millones, el Estado ha habilitado directamente la vía judicial para asegurar el retorno de los fondos.
El impacto de estas medidas de recaudación es inmediato. El Ministerio de Hacienda reportó que la recaudación diaria escaló de $30 millones a $200 millones tras el endurecimiento de las políticas de cobranza oficiales.
El modelo de financiamiento, basado en una tasa de UF + 2%, mantiene una carga financiera persistente para los estudiantes. Aunque la tasa nominal parece baja, la deuda se reajusta por inflación y se vuelve severamente difícil de pagar ante el incumplimiento, afectando principalmente a quienes poseen trayectorias laborales precarias.
La política de cobro implementada desde abril de este año refleja una gestión enfocada en la recuperación de fondos mediante la presión administrativa. Este proceso transforma el acceso al conocimiento en una carga financiera que condiciona la vida adulta y los proyectos personales de las generaciones de estudiantes.
