La Corte de Apelaciones de Talca ha frenado un procedimiento de embargo iniciado por la Tesorería General de la República contra un deudor vinculado al programa de Crédito con Aval del Estado (CAE).
El tribunal acogió un recurso de protección, mecanismo legal utilizado para defender derechos constitucionales, y dictó una orden de no innovar. Esta medida judicial impide que la Tesorería proceda con el embargo mientras la Corte evalúa la legalidad del intento de cobro.
La acción legal fue interpuesta por un residente de Curicó, quien califica la decisión de la Tesorería de imponer un embargo como una "medida ilegal y arbitraria". El recurrente argumenta que la acción de ejecución del Estado ignora su realidad financiera actual.
Dificultades económicas y reclamos legales
Los antecedentes judiciales detallan la situación económica del recurrente, quien reporta un ingreso mensual neto de $1.600.000 pesos.
Según la demanda, más del 50% de estos ingresos ya está comprometido con obligaciones mensuales fijas, las cuales incluyen pagos de pensión alimenticia y cuotas hipotecarias de su vivienda principal.
El demandante también tiene a dos hijos como carga legal, lo que presiona aún más sus recursos disponibles.
La demanda sostiene que el embargo de bienes es una respuesta desproporcionada a la deuda. El recurrente afirma que la medida amenaza directamente la estabilidad económica y la subsistencia básica de su grupo familiar.
Más allá del impacto financiero, el desafío legal invoca varias vulneraciones a las garantías constitucionales. El demandante alega que las acciones de la Tesorería infringen el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
El recurso también cita una violación al derecho a un debido proceso justo y racional. Esta alegación sugiere que el proceso administrativo utilizado por la Tesorería no proporcionó las garantías legales necesarias para el deudor.
El programa CAE, sistema de créditos estudiantiles con respaldo estatal, ha sido objeto de constantes críticas respecto a los métodos utilizados por el Estado para recuperar los saldos impagos.
La Corte de Talca ha ordenado a la Tesorería General de la República presentar un informe detallado en un plazo de ocho días. La Tesorería deberá entregar todos los registros y la documentación pertinente sobre el proceso de cobranza y las justificaciones específicas del embargo.
