La Corte de Apellaicón de La Serena declaró inadmisible un recurso de protección presentado por una deudora del Crédito con Aval del Estado (CAE) para evitar embargos por parte de la Tesorería General de la República (TGR).
La recurrente, quien adeuda cerca de 20 millones de pesos, denunciaba la ilegalidad de aplicar el procedimiento del Código Tributario para cobrar una deuda de naturaleza educacional.
El tribunal argumentó que existen otras vías legales e instancias administrativas ante la propia TGR para resolver el conflicto, por lo que la acción fue declarada improcedente.
Argumentos de la defensa
La defensa de la afectada presentó un recurso de reposición el pasado 10 de abril para revertir la decisión. El abogado sostiene que la existencia de otras vías no es causal legal para declarar la inadmisibilidad en la etapa inicial del recurso.
El escrito enfatiza que el uso de reglas tributarias priva al deudor de la mayoría de sus herramientas de defensa. Según el abogado, el procedimiento reduce las excepciones legales de 18 a solo tres.
"Decirle a la recurrente que vaya a ‘defenderse’ ante la TGR con solo 3 excepciones es precisamente convalidar la vulneración constitucional que se denuncia", señala el documento de la defensa.
La defensa también cuestionó la imparcialidad del proceso administrativo, señalando que el Tesorero Provincial actúa como juez y representante del acreedor simultáneamente.
En otros sectores del país, estudios jurídicos como HAZ Abogados califican de ilegales los embargos ejecutados por la TGR. El estudio sostiene que el CAE no es un impuesto ni una deuda tributaria, sino un crédito regulado por la Ley N.º 20.027.
"La TGR estaría actuando como ‘supercobrador’ sin habilitación legal expresa", indicaron representantes de HAZ Abogados.
Por su parte, el estudio Derecho Fácil también confirmó la presentación de recursos de protección en contra de la institución. Su objetivo es frenar lo que califican como un cobro abusivo.
Si otros tribunales declaran admisibles recursos similares, la Corte Suprema deberá intervenir para unificar la jurisprudiente sobre la legalidad de los procedimientos de cobranza aplicados por la Tesorería.
