La Corte de Apelaciones de Santiago acordó la remoción de Álvaro González, notario titular de la 42a. Notaría de la capital, tras confirmar que el funcionario permitió la falsificación de escrituras públicas en su oficina. La medida disciplinaria pone fin a un proceso que incluyó una suspensión previa de sesenta días para el abogado.
El fallo, dictado el pasado viernes 10 de abril, establece que el notario omitió sus deberes básicos en al menos ocho ocasiones. Según los magistrados, González no verificó personalmente la identidad de los comparecientes, lo que facilitó que terceros suplantaran firmas y ejecutaran actos ilícitos bajo su fe pública.
Deficiencias en el control interno
El tribunal advirtió que la gestión de González carecía de protocolos estandarizados y dirección efectiva. Los jueces señalaron que esta falta de supervisión creó un entorno propicio para la comisión de delitos dentro de la notaría.
“El comportamiento del señor González revela un desempeño deficiente que pugna con la disciplina y diligencia exigible a los auxiliares de la administración de justicia”, sostiene la sentencia. El texto añade que el notario se apartó del estándar esperado para un ministro de fe, demostrando una conducta “poco acuciosa e irresponsable”.
Los jueces fueron enfáticos al considerar que la reiteración de estas faltas, ocurridas en distintos años, evidencia una incapacidad estructural para ejercer el cargo. “Los hechos demuestran una falta de aptitud para seguir en dicho ministerio”, concluye el documento judicial.
Aunque la decisión de la Corte de Apelaciones es contundente, el proceso no está cerrado. El notario dispone de la opción de apelar ante la Corte Suprema, instancia que deberá confirmar o revocar la sanción definitiva.
Paralelamente, González enfrenta una causa penal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En este proceso, es investigado como autor del delito de falsificación documental. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es parte querellante en esta causa, argumentando que el notario no acreditó las identidades conforme a lo exigido por el Auto Acordado 1.148 del tribunal de alzada capitalino.
La querella del CDE sostiene que el notario incumplió los deberes que otorgan autenticidad a los instrumentos públicos, configurando así una infracción penal directa a la normativa vigente que regula su actividad profesional.