La Contraloría General de la República dictaminó que la Tesorería General de la República posee la facultad legal para ejecutar las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE). El fallo responde a una solicitud presentada por el ex diputado Miguel Mellado sobre la responsabilidad del Fisco en la recuperación de estos fondos.
El ente contralor emitió el dictamen con fecha 7 de abril para clarificar las funciones de la Tesorería. Según el documento, la institución es el “órgano obligado por el ordenamiento jurídico” para ejercer las acciones de cobro referidas en la Ley N° 20.027.
La resolución aclara que esta responsabilidad abarca los créditos donde ha operado la garantía estatal. Asimismo, incluye aquellos montos que el Fisco haya adquirido o comprado previamente.
Procedimientos y facultades de gestión
La Contraloría precisó que la Tesorería puede realizar estas gestiones mediante los procedimientos administrativos y judiciales previstos en el Código Tributario. El fallo también autoriza a la entidad a celebrar mandatos o convenios de administración con las entidades financieras correspondientes para este fin.
El dictamen resuelve la discusión jurídica sobre la vía de ejecución de la deuda. El debate se centraba en si la cobranza debía realizarse por la vía administrativa tributaria o mediante juicios ejecutivos en los tribunales civiles ordinarios.
En cuanto a la fiscalización de estas obligaciones, el organismo de control señaló que la presentación de Mellado será considerada un insumo relevante. La información será integrada en la planificación de las auditorías que la Contraloría ejecuta de forma regular para supervisar el cumplimiento de estas labores estatales.