La Contraloría General de la República (CGR) notificó formalmente a la Dirección Administrativa de la Presidencia para que entregue antecedentes detallados sobre el almuerzo que el mandatario José Antonio Kast ofreció a sus excompañeros de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica el pasado 10 de abril. Según lo reportado por CNN Chile y La Tercera, la administración del Palacio de Gobierno dispone de 10 días hábiles para responder al requerimiento.
La investigación fue gatillada por una presentación formal ante el ente fiscalizador realizada por la senadora socialista Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas. Los parlamentarios cuestionaron si la actividad, que congregó a cerca de 70 personas, utilizó personal de apoyo institucional, menús oficiales y dependencias del Estado para un fin privado, según consignó El Mostrador.
La disputa por el uso de recursos fiscales
Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que el presidente entregará las explicaciones necesarias a través de los canales institucionales. Sedini afirmó previamente que la actividad fue costeada con recursos personales del mandatario, una versión que el diputado Jorge Alessandri (UDI) matizó al señalar ante los medios, según Cooperativa, que el jefe de Estado "va a pagar" el evento, sugiriendo que el proceso administrativo de saldar los gastos aún estaría en curso.
El diputado Daniel Manouchehri manifestó su escepticismo respecto a la transparencia del proceso. "Esperamos que el Gobierno responda con la verdad, porque hasta el momento las evasivas que ha habido y los titubeos solo reflejan que están buscando excusas para justificar el banquetazo", declaró Manouchehri a La Tercera. Por su parte, la senadora Cicardini enfatizó en la red social X, citada por La Tercera, que "los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias. El palacio no puede ser su quincho".
El requerimiento de Contraloría exige que el informe sea preparado con la intervención de la asesoría jurídica de la Presidencia. El organismo busca determinar con precisión si el personal de servicio que aparece en registros de redes sociales operó en horario laboral y si los costos de la alimentación fueron cargados al erario público antes de ser reembolsados, o si existió una irregularidad en el uso de las instalaciones de La Moneda.
La controversia escaló al plano político tras las declaraciones de la exprimera dama Marta Larraechea. A través de X, Larraechea fustigó a los denunciantes señalando: "Qué ordinariez más grande la pareja Cicardini y marido, criticando una comida que el presidente da a sus amigos", según recogió La Tercera en su cobertura sobre las repercusiones del evento.
