El Congreso chileno tramita una reforma que busca agilizar la expulsión administrativa de migrantes que ingresaron al país de forma irregular. La iniciativa otorga nuevas facultades al subsecretario del Interior para decretar salidas forzosas por razones de orden público, permite el ingreso a domicilios para ejecutar estas medidas y recorta los plazos legales para impugnar las decisiones.
El proyecto, que también propone fortalecer el registro biométrico de extranjeros, se suma a otras leyes vigentes que tipifican el ingreso por pasos no habilitados como un delito. Asimismo, refuerza las restricciones que impiden a migrantes en situación irregular acceder a beneficios sociales financiados por el Estado.
El límite de la estrategia reactiva
Analistas advierten que la apuesta por la expulsión como herramienta principal de control ignora barreras prácticas fundamentales. Según el análisis de diversos expertos, los procesos enfrentan obstáculos crónicos, como la dificultad para localizar a los afectados, la escasa cooperación de los países de origen y los elevados costos operativos que conlleva cada traslado.
El Informe Anual 2025 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sostiene que el Estado debe transitar hacia un modelo que combine el control con la gestión efectiva de la movilidad humana. El organismo enfatiza que una política migratoria eficiente requiere mecanismos de regularización que garanticen la igualdad y eviten la discriminación de grupos vulnerables.
Expertos en la materia señalan que enfocar la política migratoria exclusivamente en la expulsión convierte al Estado en un actor reactivo, perdiendo la capacidad de gestionar el fenómeno migratorio de manera integral. Los datos sugieren que la migración aporta al país a través de la actividad económica y el pago de impuestos, superando en muchos casos los recursos destinados por el Estado a su atención.
La controversia radica en el equilibrio entre el derecho del Estado a regular sus fronteras y la protección de los derechos humanos. Los críticos de la nueva normativa sostienen que priorizar la inmediatez sobre una estrategia de largo plazo impide una integración provechosa y aumenta los riesgos para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La discusión legislativa continúa en el Parlamento mientras se consolida esta tendencia restrictiva en la política migratoria nacional.