A partir del 4 de marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del año escolar, entrará en vigor en Chile la prohibición general del uso de dispositivos móviles en las aulas de educación parvularia, básica y media. Esta medida surge de la Ley 21.801, recientemente publicada en el Diario Oficial, que busca mitigar las distracciones digitales y mejorar la convivencia escolar.
La legislación no impone una prohibición total, sino que establece un marco regulatorio estricto bajo cinco supuestos específicos autorizados por el director del establecimiento. Estos escenarios buscan equilibrar la restricción con las necesidades pedagógicas y de salud de los estudiantes, según detalla el texto legal.
Entre las excepciones clave se encuentran los casos de Necesidades Educativas Especiales (NEE), donde el dispositivo funciona como ayuda técnica indispensable para el aprendizaje. También se permite su uso por condiciones de salud que requieran monitoreo constante, siempre que se acredite mediante certificación profesional.
Los establecimientos educacionales tienen hasta el 30 de junio de 2026 para incorporar las regulaciones y las sanciones correspondientes en sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE). La Superintendencia de Educación ejercerá la fiscalización para asegurar el cumplimiento de la normativa en todos los recintos del país.
El uso pedagógico queda estrictamente delimitado a actividades curriculares específicas determinadas por el docente en los niveles de educación básica y media. Adicionalmente, se contempla la autorización por motivos de fuerza mayor relacionados con la seguridad personal o familiar, previa solicitud fundamentada ante la dirección.
El Ministerio de Educación supervisará la implementación de la ley, asegurando que las restricciones no generen barreras para la inclusión de alumnos que dependen tecnológicamente para su autonomía diaria. La ley emana de diversos proyectos legislativos que buscaban modificar la Ley General de Educación para proteger la salud mental y el ambiente educativo.
Esta transición hacia aulas con menor presencia de pantallas supone un cambio significativo en la dinámica escolar chilena tras una década de creciente dependencia tecnológica en el entorno educativo.
