La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados no alcanzó a discutir este lunes el proyecto de ley que busca excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de los indultos presidenciales. La iniciativa, que ocupaba el cuarto punto de la tabla parlamentaria, quedó pendiente de una nueva votación.
Aunque la materia no llegó a votarse, el hecho reactivó la discusión política sobre la facultad del Ejecutivo para otorgar beneficios en casos de violaciones a los derechos humanos. El proyecto tiene como foco principal a los internos de la cárcel de Punta Peuco.
La propuesta cuenta actualmente con un informe negativo tras haber sido rechazada en la comisión de Constitución. Sin embargo, la diputada Lorena Fries, impulsora de la iniciativa, defenderá este informe para asegurar las garantías de no repetición en el país.
Posturas en pugna
Desde la bancada del Frente Amplio, la diputada Ana María Gazmuri, de Acción Humanista, respaldó la medida exigiendo el respeto íntegro al Estatuto de Roma. La parlamentaria se sumó al llamado de Fries para impedir que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean beneficiados por la vía de la gracia.
En la vereda opuesta, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, planteó que su bancada busca terminar con la figura del indulto. La parlamentaria sugirió que las solicitudes de este tipo deberían ser revisadas por un comité de expertos para no mezclar las atribuciones de los distintos poderes del Estado.
Por su parte, el Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el uso de esta prerrogativa. La ministra vocera, Mara Sedini, afirmó que el Ejecutivo continúa analizando las solicitudes ingresadas y que el fin de los indultos podría ser un tema de conversación en el futuro.
El proyecto de ley deberá ser ingresado nuevamente en tabla para su análisis, mientras el Ejecutivo decide si utilizará su facultad de indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.
