La Cámara de Diputados se reúne este lunes para debatir un proyecto de ley que busca retirar al Poder Ejecutivo la facultad de indultar a quienes hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos. La propuesta, presentada en diciembre pasado, tiene como objetivo alejar estos casos penales de la discrecionalidad de cualquier gobierno de turno.
Los impulsores de la iniciativa, entre ellos las diputadas Lorena Fries y Daniella Cicardini, junto al diputado Vlado Mirosevic, sostienen que los crímenes de lesa humanidad son demasiado graves como para verse afectados por los cambios en el clima político. La legislación enfrenta un camino difícil, luego de que la Comisión de Constitución rechazara la idea por 4 votos contra 5, con una abstención.
División sobre la autoridad presidencial
La diputada Lorena Fries, una de las principales promotoras del proyecto, afirmó que los abusos contra los derechos humanos no pueden tratarse como asuntos subjetivos. "Las violaciones a los derechos humanos no admiten relativización", señaló Fries. "Tampoco admiten beneficios discrecionales, por lo que no pueden estar sujetos a una decisión política de un gobierno de turno".
Legisladores de la oposición han respondido acusando que el proyecto está motivado por una ideología partidista y no por méritos jurídicos. La diputada Constanza Hube, de la UDI, criticó la medida alegando que ciertos sectores de la izquierda están "viviendo en el pasado".
"No es bueno diseñar instituciones para que sirvan a determinadas posiciones ideológicas y no al país", declaró Hube, añadiendo que la izquierda no debería forzar a la nación a permanecer anclada en "la discusión ideológica del pasado".
Otros críticos enfatizan el principio de igualdad ante la ley. El diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, argumentó que los criterios para los indultos deben ser consistentes para todo tipo de infractores, ya sean exmilitares o miembros de grupos militantes como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
"Creo que los indultos tienen que ser iguales para todos", afirmó Urruticoechea. El parlamentario sostuvo que todos los condenados deberían tener acceso a los mismos beneficios bajo estándares legales similares, independientemente de la naturaleza de sus delitos.
Mientras la Cámara se prepara para votar si se avanza con la legislación, el debate pone de relieve la tensión latente en torno a la facultad presidencial de indultar en Chile. El gobierno aún no ha definido su postura sobre el uso futuro de esta autoridad ejecutiva, lo que mantiene el alcance del proceso de indultos como un punto central de controversia en el legislativo.
