Bengala Occidental atraviesa una crisis política después de que nueve millones de votantes —aproximadamente el 12% de los 76 millones que conforman el electorado estatal— fueran eliminados de las listas antes de las elecciones de este mes. Esta exclusión masiva es el resultado de un ejercicio de Revisión Especial Intensiva (SIR, por sus siglas en inglés) llevado a cabo por la Comisión Electoral de la India.
Aunque los funcionarios aseguran que el objetivo de la revisión es crear un "censo electoral depurado" eliminando registros de personas fallecidas o duplicadas, el proceso ha generado una gran fricción. Más de seis millones de nombres fueron eliminados por ausencia o fallecimiento, pero la situación de otros 2,7 millones de votantes sigue sin resolverse. Estas personas deberán esperar ahora a que los tribunales dictaminen sobre sus casos, un proceso que difícilmente concluirá antes de que comience la votación el 23 de abril.
Muhammad Daud Ali, un ex técnico del ejército de 65 años, descubrió que su nombre y el de tres de sus hijos habían sido borrados de la lista a pesar de contar con pasaportes y registros de servicio válidos. "Estoy estupefacto. Me siento profundamente herido e insultado", declaró Ali. "¿Cómo pueden llevar a cabo las elecciones sin resolver nuestras disputas?".
Un proceso bajo sospecha
La tensión política se ha disparado, ya que el partido gobernante, el Trinamool Congress (TMC), acusa a la Comisión Electoral de privar de sus derechos a votantes para beneficiar al Bharatiya Janata Party (BJP). Los datos sugieren que el 34% de los votantes eliminados son musulmanes, a pesar de que este grupo constituye aproximadamente el 27% de la población del estado. Líderes de la oposición, incluido el primer ministro Narendra Modi, han presentado anteriormente la limpieza de las listas como una medida necesaria para identificar a inmigrantes ilegales, una narrativa que el TMC rechaza por considerarla un ataque dirigido contra las minorías.
El ministro federal y líder del BJP, Sukanta Majumdar, defendió la purga como una necesidad constitucional. "La Constitución establece que solo los ciudadanos indios pueden elegir a los primeros ministros y jefes de gobierno. Por lo tanto, era importante eliminar a quienes no son ciudadanos", afirmó Majumdar. Asimismo, trasladó la culpa al gobierno estatal, alegando que este retrasó el proceso al impugnar a la comisión ante la Corte Suprema.
Los críticos sostienen que la magnitud de la exclusión no tiene precedentes. El politólogo Sibaji Pratim Basu calificó la situación de "propuesta absurda" que amenaza las normas democráticas. "No hay antecedentes de una elección en la India donde los derechos de los votantes permanezcan suspendidos", señaló Basu.
Aunque la Corte Suprema permitió que la Comisión Electoral siguiera adelante con los comicios, la incertidumbre legal que rodea a los 2,7 millones de votantes persiste. El impacto de las revisiones es geográficamente desigual, con altas tasas de exclusión registradas tanto en la capital, Calcuta, como en los distritos fronterizos y en zonas del interior como Paschim Bardhaman, donde la mayoría de los eliminados son hindúes.
