Un análisis reciente desmiente las narrativas de una crisis económica y social terminal en Chile, contrastando las afirmaciones de la derecha con datos de agencias de riesgo y organismos internacionales. El informe, publicado por el medio elmostrador.cl, responde a las críticas sobre el estancamiento del país y la supuesta destrucción de sus instituciones.
El texto confronta las tesis de figuras políticas como José Antonio Kast y el Ministro Quiroz. Según elmostrador.cl, las agencias de riesgo mantienen notas estincuibles para Chile, con Moody’s clasificando al país en un riesgo A2, un nivel similar al de España e Islandia.
A pesar de las proyecciones de crecimiento ajustadas por el FMI al 2,2% debido al alza de los precios del petróleo, la deuda pública chilena se sitúa en un 45% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza el 105%.
Desafíos en seguridad y migración
El informe aborda la percepción de inseguridad, señalando que, aunque la tasa de homicidios subió de un promedio de 2,5-4,0 en años previos a un 6,7 entre 2018 y 2022, la curva comenzó a descender hacia un 5,2 en la actualidad. El aumento de la criminalidad se atribuye específicamente a la llegada del narcotráfico.
El análisis subraya que la solución no radica únicamente en el aumento de policías y cárceles. El texto destaca un dato alarmante: el 50% de la población penal comenzó su trayectoria delictiva a los 13 años de edad.
Respecto a la migración, el informe señala que la población extranjera pasó del 4% en 2018 al 9% proyectado para 2026. No obstante, el texto indica que los ingresos irregulares han mostrado una disminución sostenida tras la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica y el control militar en la Macrozona Norte.
Sobre la gestión económica, el análisis menciona que una reducción gradual del impuesto a las utilidades del 27% podría ser viable si se compensa con mayores impuestos personales. El informe también reconoce un estancamiento en el crecimiento, situándolo entre el 2,2% y el 3%, pero lo atribuye al "cáncer permisológico" y a la inestabilidad del sistema político en lugar de al tamaño del Estado.
Finalmente, el documento aborda la eficiencia del gasto público, citando un estudio de la OCDE de 2017 que posiciona a Chile como el cuarto país con mayor eficiencia en el mundo. Sin embargo, advierte que la reducción de la fragmentación administrativa podría liberar hasta un 1,5% del PIB.
