El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de dos ejecutivas de la corredora Nevasa en un caso de fraude al Banco Itaú. La resolución cierra la persecución criminal tras la falta de pruebas suficientes para imputar cargos penales. Este fallo impacta la confianza en el sector financiero local y la supervisión de operaciones de divisas en Chile.
Ambas profesionales permanecían imputadas por estafa y administración desleal en una defraudación de divisas que afectó a la entidad bancaria. El perjuicio patrimonial reportado supera los 14.300 millones de pesos chilenos en pérdidas directas para la institución financiera. La magistrada Camila Aguayo Arévalo aplicó el sobreseimiento total sin costas judiciales para las afectadas directamente.
El Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento durante la audiencia realizada este martes. Según informaron fuentes legales, la etapa de indagatoria no reveló pruebas suficientes para vincular a las operadoras con el delito. Esta postura de la fiscalía obligó al tribunal a absolver a las imputadas de los cargos penales de manera inmediata.
La resolución judicial no afecta las acciones civiles que el banco mantiene vigentes para recuperar los fondos restantes del esquema. Itaú ya logró restituir cerca de tres mil millones mediante acuerdos con terceros beneficiarios de las operaciones cuestionadas. La institución financiera enfoca ahora su estrategia en la responsabilidad institucional de la corredora de bolsa Nevasa.
El abogado Cristián Muga declaró que Nevasa fue una víctima de este esquema delictivo antes que partícipe directo en el fraude. Su declaración ratifica que la firma no tuvo participación en el fraude denunciado por la entidad bancaria brasileña en el país. El sobreseimiento definitivo permite a la corredora limpiar su reputación frente a la opinión pública y los reguladores.
El caso tiene origen en la querella presentada por el Banco Itaú el siete de febrero pasado en la capital chilena. La acción legal se dirigió inicialmente contra el exsubgerente Rodrigo Flores y cuatro operadores de la plataforma Datatec. Posteriormente, el banco amplió la denuncia para incluir a los inversionistas Lázaro Ventura y Yair Ventura en el proceso.
Según los antecedentes entregados al tribunal, las transacciones permitieron aplicar tipos de cambio alejados de la realidad del mercado local. Estas operaciones provocaron pérdidas millonarias para el banco a través de un esquema de 426 operaciones de compraventa de dólares. La investigación interna apunta a que los operadores validaron dichas transacciones como intermediarios encubridores del fraude.
Los beneficiarios finales de esta estructura fueron los inversionistas Ventura Calderón y su hijo Yair Ventura Arraztoa. Ambos mantenían cuentas en Nevasa donde se recibían los dólares adquiridos bajo condiciones preferenciales ilícitas para sus cuentas. La querella sostiene que la estructura buscaba encubrir el fraude realizado por medio de la plataforma tecnológica utilizada.
Este fallo impacta la percepción de seguridad jurídica en el sector financiero local durante un periodo de alta volatilidad económica. La confianza en los intermediarios de bolsa depende de la rigurosidad de los controles internos y la justicia en Chile. El caso destaca la necesidad de mayor supervisión en las operaciones de divisas en el mercado chileno de capitales.
El banco de capitales brasileños solicitará perseguir la responsabilidad penal de quienes obtuvieron la ventaja económica directa del caso. La comunidad financiera observará cómo evoluciona la responsabilidad civil restante en los tribunales chilenos de justicia. Se espera que este precedente influya en las auditorías futuras de las corredoras de valores autorizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
