El periodo parlamentario que finaliza el 11 de marzo culminó con la confirmación del desafuero de Joaquín Lavín León por la Corte Suprema, elevando a seis el número de diputados despojados de su inmunidad judicial. Esta cifra representa el 3,87% de los 155 legisladores que asumieron en 2022, según reportó La Tercera.
Esta alta incidencia de desafueros posiciona al periodo actual como uno de los más activos en términos de causas penales contra la Cámara Baja desde el retorno a la democracia. Históricamente, solo durante el gobierno de Ricardo Lagos se registraron más desafueros, sumando tres senadores y ocho diputados en seis años, muchos ligados al caso Coimas.
Entre los desaforados se encuentran figuras como María Luisa Cordero, por injurias a la senadora Fabiola Campillai, y Francisco Pulgar, imputado por delitos sexuales, cuyo desafuero fue ratificado por la Corte Suprema. También destaca Catalina Pérez, por el caso Democracia Viva, formalizada por fraude al fisco, y Mauricio Ojeda, investigado por presunta corrupción en convenios en La Araucanía.
La Corte Suprema ratificó recientemente el desafuero de Miguel Ángel Calisto, senador electo independiente, por un presunto fraude al Fisco superior a 103 millones de pesos. Joaquín Lavín León completa la lista de seis, enfrentando cargos por falsificación y fraude al Fisco, confirmando la tendencia de escrutinio sobre la probidad legislativa.
No todos los procesos judiciales resultaron en la pérdida de inmunidad, pues existen casos donde las solicitudes fueron rechazadas o las causas sobreseídas. Jaime Mulet, por ejemplo, vio rechazada su solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Copiapó, y posteriormente el caso fue sobreseído.
Otros legisladores, como Sergio Bobadilla (UDI) y Diego Ibáñez (FA), también lograron que las Cortes de Apelaciones rechazaran las solicitudes de desafuero presentadas en su contra por querellas de injurias o calumnias, respectivamente. El diputado Miguel Mellado, imputado por filtrar un audio de una reunión con el Presidente Boric, obtuvo una suspensión condicional del procedimiento.
El fin del periodo deja un precedente significativo sobre la fiscalización de la conducta de los parlamentarios, aunque también muestra el funcionamiento de los recursos legales. Varias otras investigaciones siguen en curso contra diputados por denuncias que van desde agresiones sexuales hasta conducción en estado de ebriedad, como los casos de Jorge Durán y Consuelo Veloso.
Las implicaciones para la próxima legislatura incluyen un mayor foco en los estándares éticos y legales que deben regir a los representantes electos. La alta cifra de desafueros resalta la persistente tensión entre la inmunidad parlamentaria y la rendición de cuentas frente a acusaciones penales en Chile.
