La isapre Banmédica interpuso una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, exigiendo el pago de $2.745 millones. La acción judicial busca resarcir el daño material, o daño emergente, provocado por resoluciones judiciales contradictorias relativas a la cobertura de un tratamiento médico para un niño.
El conflicto se originó cuando el padre de un menor con distrofia muscular de Duchenne interpuso un recurso de protección para que la isapre cubriera el medicamento Elevidys, aplicado exclusivamente en Estados Unidos. Inicialmente, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, argumentando que el fármaco no estaba en el plan ni registrado en el ISP, pero la Corte Suprema revocó esta decisión en junio de 2025, priorizando el derecho a la vida.
Según Banmédica, el fallo de la Suprema la forzó a desembolsar el costo total del tratamiento, equivalente a US$3,7 millones, ya que la administración del medicamento se realizó antes de que el tribunal aclarara que la cobertura debía regirse por el tope contractual de UF 16.500. La isapre sostiene que este tope ascendía a aproximadamente $655 millones.
La aseguradora argumenta que el perjuicio se deriva directamente de la conducta de los tribunales de justicia, entes públicos sujetos a responsabilidad según el ordenamiento institucional chileno. Banmédica calculó que asumió indebida e injustificadamente un costo adicional de más de $2.745 millones por encima del límite contractual aplicable.
La compañía, en declaraciones recogidas por La Tercera, señaló que la demanda se origina en los costos extraordinarios derivados de resoluciones judiciales imprecisas y tardíamente aclaradas. La isapre enfatizó que su acción no afecta la situación clínica del paciente, pues actuó con diligencia para cumplir las órdenes judiciales, incluso excediendo los límites del plan de salud.
Este caso pone nuevamente en el debate público la tensión entre la protección de derechos fundamentales, como la vida y la integridad, y los límites contractuales y regulatorios establecidos en el sistema de salud privado chileno. La acción legal de Banmédica buscará determinar la responsabilidad patrimonial del Estado en la ejecución de fallos judiciales.
La resolución de este litigio civil podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad del Fisco ante los perjuicios económicos que las aseguradoras perciben como consecuencia de la interpretación judicial de las coberturas sanitarias.
