La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) impuso multas de $20 millones a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) debido a las deficiencias detectadas durante la reposición del servicio tras el mega apagón ocurrido hace un año. El directorio del CEN rechazó las sanciones, argumentando que sus acciones se ajustaron a la normativa vigente en el sector eléctrico.
Iván Saavedra, exjefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), enfatizó que la multa debe ser pagada personalmente por los consejeros y no a través de los fondos del CEN. Saavedra explicó que el Coordinador se financia mediante un cargo de servicio público pagado por los usuarios finales, por lo que el costo de la multa no debe ser traspasado a la ciudadanía.
Según lo establecido en la Ley 21.936, los miembros del consejo directivo son responsables y deben responder con su patrimonio personal ante incumplimientos graves. Saavedra recordó que estos directores perciben dietas mensuales superiores a los $10 millones, lo que justifica la magnitud de la sanción impuesta por la SEC.
El exfuncionario de la CNE indicó que la responsabilidad recae en el consejo, ya que este representa al Coordinador ante la sociedad y debe velar por el correcto funcionamiento del sistema. La multa se fundamenta en que algunos criterios de operación no cumplían con los estándares de seguridad que debían estar vigentes al momento del incidente.
La SEC investigó la supervisión y comunicación de los directivos durante el proceso de restauración del suministro eléctrico, determinando una falta de diligencia en sus deberes fiduciarios. El rechazo del CEN a la sanción subraya una tensión entre la autonomía técnica del organismo y la fiscalización estatal.
Las elevadas remuneraciones de los directores son un factor clave en la justificación de la multa, ya que las sanciones deben ser proporcionales a las responsabilidades asignadas y los ingresos percibidos por dichas funciones. Esto establece un precedente sobre la rendición de cuentas personal en entidades técnicas clave para la infraestructura energética chilena.
El desenlace de este conflicto regulatorio definirá cómo se aplicará la responsabilidad patrimonial a los directivos de entidades reguladas en Chile. Se espera que el CEN revise sus procedimientos internos para mitigar riesgos futuros y evitar nuevas sanciones.
