El robo de vehículos mediante la modalidad de "encerrona", caracterizado por el asalto violento en arterias viales, ha evolucionado en Chile desde su aparición notoria en 2017, forzando cambios tanto en las tácticas delictuales como en las respuestas estatales.
Un incidente ocurrido el 12 de abril en la avenida Américo Vespucio, en Quilicura, ilustra la gravedad del problema, donde la víctima se vio obligada a reaccionar ante la intimidación con armas de fuego, un escenario que contrasta con la recomendación histórica de no oponer resistencia.
Según informes de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2019, estas encerronas surgieron como una sofisticación de los "portonazos", buscando obtener la llave original del vehículo para evitar daños y facilitar su posterior reventa en el mercado ilícito.
Académicos como Patricia Galilea, experta en transporte, han apuntado que el diseño inherente de las autopistas, con espacios reducidos para maniobras, facilita que los delincuentes bloqueen efectivamente la huida de los conductores.
Fiscales han reportado que las bandas iniciales eran poco estructuradas, pero el delito se ha profesionalizado con el tiempo, incorporando planificación, uso de vehículos clonados y coordinación mediante plataformas digitales, reflejando una expansión criminal.
Tras eventos trágicos como la muerte de la niña Tamara Moya en 2021, el gobierno implementó el Plan Antiencerronas, que incluyó refuerzo policial y tecnología como pórticos lectores de patentes para interceptar rutas de escape.
Paralelamente, ha surgido una acción judicial colectiva en 2022 contra la concesionaria Vespucio Norte, argumentando que las empresas deben cumplir estándares de seguridad que no se estarían garantizando en tramos críticos, aunque las concesionarias derivan la responsabilidad a las autoridades policiales.
