La Contraloría General de la República identificó irregularidades graves en la gestión administrativa de la Fábrica de Maestranzas del Ejército. El fiscalizador reveló pagos millonarios a trabajadores desvinculados que no correspondían legalmente según el periodo revisado, según reportó pauta.cl. La auditoría también cuestionó compras de maquinaria sin el debido proceso competitivo establecido en normas públicas.
Según el Informe Final N.º 750 de 2025, 63 funcionarios recibieron indemnizaciones improcedentes durante el análisis. Los montos acumulados superan los 1.000 millones de pesos chilenos en el lapso examinado. Esta cifra representa un uso inadecuado de fondos públicos en la empresa estatal vinculada al Ejército. El informe detalla que la auditoría revisó la gestión administrativa del organismo con detalle.
La causa de término de contrato fue mutuo acuerdo, lo cual no contempla compensaciones obligatorias por ley. Al menos cuatro trabajadores obtuvieron indemnizaciones individuales superiores a 100 millones de pesos. La entidad fiscalizadora observó que algunos pagos excedieron el monto correspondiente a los años de servicio real. La Contraloría General de la República consideró estos actos como observaciones formales.
Adicionalmente, el organismo constató que varios funcionarios fueron recontratados en el mismo cargo inmediatamente. Este procedimiento se realizó sin un proceso de reclutamiento y selección formal para las vacantes. La práctica fue considerada irregular dentro de los procesos administrativos revisados por la Contraloría. Estas acciones generaron desconfianza en la transparencia de la gestión pública.
En cuanto a la gestión de activos, se detectaron fallas significativas en la compra de equipamiento industrial. En agosto de 2023, la unidad compró una máquina láser por 70 millones de pesos mediante trato directo. El proveedor no acreditó exclusividad ni se cumplieron los requisitos del Manual de Adquisiciones vigente. Este procedimiento fue calificado como deficiente por los auditores.
El equipo presentó fallas operativas a los cuatro meses de su instalación y posterior mantenimiento. Hasta abril de 2025, el equipo se mantuvo inoperativo sin garantías de fiel cumplimiento contractual. La ausencia de comparación de ofertas impidió exigir responsabilidades al proveedor inicial ante el daño. La falta de control técnico afectó la operatividad de la unidad.
Tras los hallazgos, el Consejo Superior de FAMAE ordenó una investigación administrativa interna. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para su revisión. El objetivo es determinar eventuales responsabilidades penales o administrativas por los actos ocurridos. Se espera una resolución formal en los próximos meses.
Estos hallazgos impactan la confianza en la gestión de la industria de defensa nacional y el gasto fiscal. Las irregularidades señalan deficiencias en el control interno y la transparencia de recursos estatales. El caso requiere una revisión exhaustiva de los protocolos de contratación pública vigentes en el sector. La ciudadanía observa con atención las consecuencias de este escándalo administrativo.
