El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli, Rodolfo Zúñiga, presentó una demanda laboral en el Tribunal de la región de Los Ríos contra la Municipalidad de Panguipulli. El fundamento de la acción legal es el despido que afirma haber sufrido tras su participación en el combate de los graves incendios forestales que afectaron a la comuna de Florida, en la región del Bío Bío, a fines de enero.
Según el abogado de Zúñiga, Álvaro Pérez, la desvinculación se produjo inmediatamente después del retorno de su colaboración entre el 22 y el 25 de enero. Zúñiga prestaba servicios al municipio bajo contrato a honorarios en el área de seguridad comunal durante cerca de tres años, y el despido se habría justificado por un supuesto incumplimiento de sus funciones municipales.
La demanda interpuesta busca declarar la nulidad del despido y asegurar que Zúñiga reciba la indemnización correspondiente, argumentando que su rol como voluntario de bomberos primó sobre sus obligaciones contractuales municipales en una emergencia nacional. La Municipalidad, contactada por BioBioChile, declinó emitir una vocería argumentando que el alcalde se encontraba en consejo.
La situación ha generado preocupación en la estructura de Bomberos de Chile. El vicepresidente nacional, Dino Olivieri, manifestó su inquietud por el caso, recordando que la legislación chilena protege a los voluntarios de ser cesados por responder a llamados de emergencia. Olivieri señaló que se han reportado casos similares de desvinculaciones en otras comunas, mencionando específicamente incidentes en Concepción.
Este tipo de conflictos pone en tensión el marco legal que regula la doble función de los voluntarios, quienes a menudo mantienen contratos laborales o de prestación de servicios con entidades públicas o privadas, lo cual puede generar choques cuando son requeridos por sus Cuerpos de Bomberos.
El desenlace del litigio en Panguipulli establecerá un precedente relevante sobre cómo se interpretan las obligaciones laborales versus el deber cívico de los voluntarios en contextos de catástrofe en Chile. La comunidad espera una clarificación sobre la aplicabilidad de las protecciones legales a estos servidores públicos no remunerados.
