El Partido Nacional Libertario confirmó este lunes que impulsará una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera, según reportó La Tercera. La decisión se toma tras un informe de la Contraloría General de la República que señala gestiones para acelerar la cirugía de su madre. Este paso marca un escalamiento en la controversia que involucra al sistema público de salud chileno y genera debate sobre el uso de recursos estatales.
Hans Marowski, diputado y presidente de la bancada del partido, detalló que ya tienen un texto avanzado listo para la firma. Según explicó en un punto de prensa, la colectividad busca reunir las firmas necesarias para formalizar el proceso legal contra la exfuncionaria. El parlamentario indicó que la evaluación de la situación fue exhaustiva antes de tomar esta medida decisiva para la bancada.
La acusación se fundamenta en el presunto abuso de su puesto y en temas de probidad pública dentro del gobierno. Marowski argumentó que Aguilera tenía la obligación de denunciar a su asesor si no estaba al tanto de las gestiones telefónicas. El jefe de asesores, Manuel Nájera, habría llamado desde el Ministerio para influir en la celeridad del procedimiento médico sin autorización.
Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, enfatizó la gravedad de los hechos ocurridos en diciembre pasado. Kaiser recordó que una persona falleció mientras esperaba en la lista de espera del Hospital del Salvador durante ese periodo. El líder político señaló que esto no es menor dado que se levantó un teléfono y se saltó una fila de pacientes vulnerables.
Los hechos datan de la mañana del 23 de diciembre, cuando la madre de la extitular ingresó de urgencias por una fractura de cadera. Fue operada 10 horas después de su ingreso, lo que generó sospechas inmediatas sobre una atención preferente no justificada. La polémica explotó al conocerse que el asesor habría llamado para advertir anticipadamente la llegada de la paciente a la institución.
La Contraloría determinó que hubo coordinaciones internas que derivaron de las gestiones telefónicas desde la cartera de Salud. Esto implica que la prioridad se dio sobre personas que estaban antes en la lista de espera y requerían atención médica urgente. El informe oficial valida las denuncias sobre el trato diferenciado dentro del sistema público de salud nacional.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa su trabajo para investigar las responsabilidades penales de los involucrados en el caso. El proceso político y el legal avanzan por vías paralelas que podrían tener consecuencias distintas para la exministra y su asesor. Los observadores políticos esperan ver cómo reacciona la coalición gobernante ante este escándalo de salud pública.
Este caso resalta la tensión entre la gestión pública y las prioridades privadas en el sector salud chileno actual. La opinión pública sigue de cerca el desenlace para determinar si hubo violaciones constitucionales reales por parte de la funcionaria. El resultado definirá el precedente para futuros casos de uso indebido de recursos estatales en el país.
