El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, señaló que se cometió un error grave en la administración anterior respecto a los bonos. Durante enero de 2026, se detectó que 55 familias recibieron más de 1 millón de pesos en auxilios por incendios. Esta cifra representa el doble de los 750.000 pesos que correspondían legalmente a cada damnificado.
La autoridad regional explicó que se han cursado sumarios administrativos para investigar las causas de esta duplicación de pagos. Anativia indicó que las investigaciones determinarán prontamente las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Se busca establecer si hubo negligencia funcional o intencionalidad por parte de los administradores públicos.
Estos hechos ocurrieron en medio de la tragedia de los incendios que afectaron severamente a la zona centro sur del país en enero. La comuna de Penco y la localidad de Lirquén funcionaron como la zona cero de los siniestros que dejaron un saldo devastador. El mal uso de recursos públicos ha generado rechazo entre la ciudadanía y los representantes políticos locales.
Diputados de los distritos 20 y 21 de la Región del Biobío condenaron la situación reportada por la delegación presidencial. Joanna Pérez, del partido Demócratas, sostuvo que es grave que las autoridades salientes no tuvieran la prolijidad necesaria. La funcionaria señaló que se deben revisar las responsabilidades administrativas y políticas para evitar que se repitan.
Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, enfatizó que este desorden en la gestión de recursos públicos pone en riesgo la confianza. El diputado comentó que en medio de una tragedia, cada peso cuenta y el Estado tiene el deber de asegurar que llegue a quienes lo necesitan. Espera que los resultados de los sumarios sean la base para imponer sanciones.
Patricio Briones, diputado del Partido de la Gente, afirmó que estamos viendo nuevamente las consecuencias de errores del gobierno anterior. Esto representa una pésima señal cuando se trata de cuidar los recursos públicos y actuar con responsabilidad. La crítica se centra en la falta de control interno durante la distribución de ayudas.
Gastón Saavedra, senador por Biobío del Partido Socialista, señaló que hubo negligencia seguramente funcional y hay que investigarla. Para el legislador, también hay que denunciar ante el Ministerio Público el abuso que se produce por parte de los usuarios. Esto implica que la investigación podría derivar en acciones penales.
La situación resalta la necesidad de auditorías más rigurosas en los procesos de ayuda humanitaria tras desastres naturales. Se espera que los próximos meses entreguen claridad sobre el destino de los recursos excedentes recuperados por el Estado. Las autoridades prometen mantener informada a la sociedad sobre los avances.
Este episodio pone a prueba la capacidad de gestión de las instituciones chilenas para proteger el patrimonio público en tiempos de crisis. La política chilena enfrenta el desafío de garantizar transparencia sin obstaculizar la ayuda inmediata. El caso servirá de precedente para futuras asignaciones de fondos de emergencia.
