Una jueza federal bloqueó temporalmente el intento de una administración estadounidense de terminar con las protecciones de deportación para más de 350,000 inmigrantes haitianos que residen legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La orden de la jueza Ana Reyes se produjo un día antes de que expirara el TPS, citando dudas sobre la base fáctica y legal de la decisión ejecutiva.
La jueza Reyes determinó que existía una probabilidad sustancial de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional hubiera preordenado su decisión de terminar el TPS debido a hostilidad hacia inmigrantes no blancos. Este hallazgo fue parte de una resolución de 83 páginas que denegó la moción de la administración para desestimar la demanda presentada por cinco beneficiarios de TPS haitianos.
La administración había argumentado que los esquemas de TPS fomentan la inmigración ilegal y han sido extendidos indebidamente por administraciones anteriores. El TPS fue originalmente otorgado a Haití tras el devastador terremoto de 2010, y ha sido renovado repetidamente desde entonces, incluso bajo la administración Biden en 2021.
Los abogados que representan a los demandantes calificaron la orden como una victoria significativa, señalando que la decisión judicial reconoce los graves riesgos que enfrentarían los beneficiarios de TPS haitianos si fueran forzados a regresar a su país. La jueza Reyes también rechazó la caracterización de los beneficiarios como "asesinos, sanguijuelas o adictos a los subsidios", citando comunicaciones previas.
Esta suspensión judicial tiene implicaciones económicas y sociales inmediatas, ya que el TPS permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en el país. La administración ha defendido que el TPS para haitianos se ha convertido en una residencia permanente, desviándose de la intención original del Congreso al crear el programa.
El esfuerzo por desmantelar el TPS haitiano forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para terminar con protecciones similares para cientos de miles de migrantes de países como Afganistán, Venezuela y Siria. Adicionalmente, se ha notificado el fin de las protecciones para cerca de 2,500 somalíes a partir del 17 de marzo.
El caso ahora continuará su curso legal, y la continuidad de la protección dependerá de la resolución final de la demanda sobre la legalidad del cese del TPS. Esto mantiene en suspenso la posible deportación de una numerosa población laboralmente activa dentro de la economía estadounidense.
