Ginebra/Sacramento – La formalización de la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) este miércoles, tras 78 años de membresía, ha provocado una inmediata escisión en la política sanitaria global del país. En un movimiento sincronizado que subraya profundas divisiones ideológicas, el gobernador Gavin Newsom anunció que California se convertiría en el primer estado en unirse a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes (GOARN) de la OMS, un organismo que el gobierno federal acaba de abandonar.
Este escenario dual —la retirada federal y la adhesión estatal— no es meramente simbólico; representa dos visiones contrapuestas sobre el liderazgo y la cooperación en la salud pública internacional. La administración federal, argumentando la falta de rendición de cuentas de la OMS y su supuesta deferencia a intereses políticos durante la gestión inicial del COVID-19, ha optado por priorizar acuerdos bilaterales con naciones e instituciones de confianza. El costo de la membresía estadounidense, que ascendía a aproximadamente 237 millones de dólares anuales (el 22% del presupuesto), es citado como un gasto inasumible para una entidad percibida como ineficaz.
Por su parte, Newsom calificó la retirada como una acción “imprudente”, posicionando a California, un estado con vastas conexiones comerciales en el Pacífico y 39 millones de habitantes, como un actor indispensable en la coordinación global. La integración a GOARN busca asegurar el acceso a inteligencia sobre brotes y mecanismos de respuesta rápida, esenciales para una economía tan interconectada. Sin embargo, la capacidad operativa de un estado frente a redes diseñadas para soberanías nacionales plantea interrogantes sobre jurisdicciones clave como la vigilancia fronteriza y la aprobación de productos farmacéuticos.
Más allá del teatro político, persisten incertidumbres técnicas significativas. La decisión federal impacta directamente en procesos cruciales como la selección de cepas para las vacunas de gripe estacional, un proceso liderado por comités de expertos de la OMS. La ausencia de científicos estadounidenses en la próxima reunión podría complicar la cadena de suministro y desarrollo de vacunas en el país. Asimismo, la fragmentación de la vigilancia de enfermedades infecciosas amenaza con dificultar la comparación estandarizada de datos entre naciones que utilizan diferentes metodologías diagnósticas.
El trasfondo de esta disputa refleja un debate filosófico más amplio sobre la eficacia y la soberanía institucional. Mientras los críticos señalan la complacencia de la OMS hacia regímenes autoritarios y el debate sobre la expansión de sus poderes bajo el fallido tratado pandémico, los defensores reiteran que las amenazas biológicas no reconocen fronteras. La ley estadounidense de 1948 ya contemplaba el derecho de retirada, aunque la ejecución actual parece más abrupta.
California está consolidando activamente una infraestructura sanitaria alternativa, incluyendo la Red de Innovación de Salud Pública y alianzas intergubernamentales con otros estados costeros. La prueba definitiva para este esfuerzo paralelo será la respuesta ante la próxima crisis sanitaria de magnitud. Mientras tanto, la OMS ha indicado que la retirada formal de EE. UU. aún está sujeta a la validación de los estados miembros, y la deuda pendiente de 278 millones de dólares añade una capa adicional de fricción diplomática en Ginebra.
Fuente: Adaptado de Siskiyou.news y análisis de La Era.