El pleno de la Corte Suprema de Chile resolvió acoger a trámite el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quedando habilitado para su formalización por la Fiscalía Metropolitana Oriente. La decisión, adoptada tras extensos alegatos este lunes, se produjo a solo dieciséis días de que el legislador finalice su periodo en el Congreso.
El máximo tribunal aprobó por unanimidad los cargos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, delitos que apuntan a una presunta defraudación de $104 millones mediante la rendición irregular de asignaciones parlamentarias. Sin embargo, los magistrados rechazaron, en una votación dividida, la imputación relacionada con el delito tributario, según reportó La Tercera.
El fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción, expresó satisfacción por la confirmación unánime de los delitos principales, señalando que el siguiente paso procesal será solicitar la audiencia de formalización contra el parlamentario. La investigación se originó tras una solicitud del Ministerio Público en junio pasado, que también incluyó cargos por falsificación de instrumento privado.
La defensa del diputado, a cargo del abogado Cristóbal Bonacic, calificó la exclusión del delito tributario como favorable, aunque indicó que el desafuero solo establece la existencia de antecedentes mínimos para investigar, no la culpabilidad. Bonacic criticó previamente la solicitud fiscal por inconsistencias y la falta de justificación para la urgencia de despojar al parlamentario de su fuero.
El Servicio de Impuesto Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú figuran como querellantes en la causa. José Pedro Silva, abogado de la municipalidad, valoró la decisión, afirmando que confirma los hechos ilícitos denunciados desde el inicio de la indagatoria.
Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI, dejará su escaño el próximo 11 de marzo tras completar su tercer periodo legislativo. Su esposa, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, enfrenta un proceso penal separado y de alta complejidad por presuntos ilícitos cometidos durante su gestión edilicia.
Una vez que el desafuero quede firme, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares personales contra el diputado, aunque su inhabilitación para ejercer el cargo se produciría de forma automática al término de su mandato en las próximas semanas.
