El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, solicitó públicamente una revisión de la legislación chilena tras un incidente de seguridad ocurrido en la madrugada, donde un vehículo municipal resultó volcado tras colisionar con sujetos que estaban siendo perseguidos. La controversia se centra en la falta de herramientas legales para la seguridad municipal y el estatus penal de los involucrados, según reportó biobiochile.cl.
La principal preocupación del jefe comunal radica en que tres de los cuatro individuos detenidos tienen edades que oscilan entre los 14 y 16 años, lo que, según Sichel, garantiza su pronta liberación bajo el marco actual. El alcalde manifestó explícitamente: “Sabemos que van a quedar libres”, criticando la percepción de impunidad en el sistema penal.
Sichel detalló que los individuos perseguidos habían cometido tres delitos graves en el lapso de una semana, y la persecución terminó poniendo en riesgo la vida de terceros al impactar el automóvil municipal. Estas acciones, a su juicio, no se corresponden con las consecuencias legales que enfrentarán.
El edil ya había criticado previamente la Ley de Seguridad Municipal, señalando que los funcionarios de seguridad ciudadana operan con facultades muy limitadas para defenderse o actuar eficazmente. Por ello, instó a reformar esta normativa para otorgarles mayores atribuciones en el contexto de patrullajes preventivos y respuesta a delitos.
Adicionalmente, Sichel hizo un llamado directo a modificar la Ley de Responsabilidad Penal para que los menores que cometen faltas graves enfrenten consecuencias más severas. El objetivo declarado es que estos infractores accedan a prisión efectiva, de lo contrario, advirtió que “se seguirán riendo del sistema penal”.
La formalización de los cuatro detenidos, cuyas edades son 14, 15, 16 y 18 años, está programada para las próximas horas. El incidente ocurrió durante una persecución que se extendió desde Ñuñoa hasta la comuna de La Florida, en la zona centro-sur de la Región Metropolitana.
Este tipo de sucesos reavivan el debate político en Chile sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los menores infractores y la necesidad de dotar a los municipios de herramientas efectivas para combatir la delincuencia creciente en Santiago.
