El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reaccionó a la confirmación por parte de la Corte Suprema del desafuero del diputado Joaquín Lavín, declarando que este fallo valida la postura del municipio como querellante en la causa.
Vodanovic enfatizó en redes sociales que la lucha contra la corrupción en la comuna no tendrá retrocesos, independientemente de quién sea el implicado. El jefe comunal recalcó que la principal tarea es mejorar la ciudad, pero sin ceder en la persecución de actos ilícitos.
La Corte Suprema ratificó el desafuero de Lavín por delitos que incluyen falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de fraude al Fisco y tráfico de influencias. La sentencia desestimó, sin embargo, la imputación por delitos tributarios que había sido investigada a partir de una querella del Servicio de Impuesto Internos (SII).
Durante los alegatos en el tribunal máximo, la defensa de Lavín, liderada por Cristóbal Bonacic, cuestionó la participación del municipio como parte querellante, argumentando una sobrerrepresentación del Estado en el proceso judicial.
En respuesta, Vodanovic sostuvo que la decisión de la Corte Suprema "confirma que en Maipú no hay persecución política ni relatos inventados, sino antecedentes sólidos que deben investigarse y ser sancionados". El alcalde reafirmó el compromiso municipal con la probidad institucional.
La Municipalidad de Maipú, representada legalmente por el estudio BACS Abogados, se constituyó como querellante en este caso hace aproximadamente un año. Esta acción judicial sigue una línea similar a la emprendida previamente por Vodanovic contra Cathy Barriga, exalcaldesa de la comuna y esposa del diputado Lavín.
La persistencia del municipio en estos litigios subraya una postura firme frente a casos de corrupción que afectan la confianza en las instituciones públicas locales. El abogado José Pedro Silva del estudio BACS Abogados dirige la representación legal en ambas causas relevantes.
Con esta decisión judicial, el foco se traslada ahora a la etapa procesal que sigue, donde se determinará la responsabilidad penal del parlamentario en los cargos confirmados por la Corte Suprema.
